El 18 del presente mes, Enrique Peña Nieto no pudo grabar un segmento de la propaganda que soltará en el contexto de su quinto y penúltimo informe de gobierno. Sucedió en Zapotitlán Salinas, poblado que es cabecera del municipio de Zapotitlán, en Puebla.
Decenas de comuneros se instalaron en un tramo de la carretera que va de Tehuacán a Huajuapan, pues suponían que la presencia del mexiquense, y de altos funcionarios federales y estatales, sería para firmar documentos relacionados con la declaratoria de la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán como Patrimonio Mixto de la Humanidad, por parte de la UNESCO, lo cual, a juicio de los manifestantes, limita sus posibilidades de aprovechamiento de los recursos naturales de la zona.
Ayer, en Baja California, una visita de Peña Nieto también dio pauta a protestas en contra de los gobiernos federal y estatal. Los opositores a la instalación de una planta cervecera de capital estadunidense, Constellation Brands, se movilizaron y exigieron la renuncia del ocupante de Los Pinos y del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, además de reiterar su rechazo a la firma cervecera, cuyo consumo de agua se considera altamente lesivo para la región.
En la agenda de Peña Nieto en Mexicali destacó la inauguración de las obras de regeneración del canal 27 de enero, que sufrió severos daños durante el terremoto de abril de 2010. A esa obra le llaman “El canal de la corrupción”, luego que, a pesar de las constantes denuncias públicas al respecto, se continuó con una construcción realizada con materiales de baja calidad y con evidentes fallas.
Dirigentes campesinos y organizaciones civiles han reportado múltiples fallas estructurales y reprocharon que Peña Nieto se haya prestado para una ceremonia inaugural de algo que ni siquiera se ha terminado de construir. De la simulación y las averías acusan al director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, quien era subdirector general jurídico de la misma Conagua durante la administración de David Korenfeld, pillado en uso de helicópteros de esa comisión para asuntos personales.
En el panteón de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, Ciudad de México, centenares de personas vitorearon y corearon consignas a favor de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el Ojos, el máximo jefe del Cártel de Tláhuac: “Se ve, se siente: Felipe está presente”, así como la clásica porra que termina con un “ra, ra, ra” fueron el homenaje coral a un personaje acusado de ordenar o cometer decenas de homicidios, de controlar una extensa red de narcomenudeo y de coordinar a grupos encargados de extorsiones, secuestros y otros actos criminales.
En el México de los políticos y “representantes populares” necesitados de fuerzas armadas que los protejan de las protestas ciudadanas, festejados de manera artificial en actos bajo control, sonrientes y saludadores ante escenografías reconstruidas, han ido consolidándose, en significativa contrapartida, diversos jefes mafiosos como figuras públicas. Con base social y capacidad de movilización, esos capos, de diversos niveles y en distintas partes del país, actúan como factores sustitutos y complementarios de las autoridades: proveen a sus bandos del “bienestar” y la “protección” que no les da el Estado, reparten dinero y dan “empleo” (delictivo) a los damnificados del sistema vigente. El México al revés.
Han sido débiles los esfuerzos de algunos grupos priistas por darle cierto sabor crítico a la próxima asamblea nacional del PRI, en la que Los Pinos pretende impulsar una “apertura” estatutaria que permita la postulación de un candidato presidencial sin militancia en el partido de tres colores.
Quienes han organizado ciertas escaramuzas declarativas, como José Ramón Martel y José Encarnación Alfaro, tienen un consolidado expediente partidista de disciplina y, al menos en cuanto al primer nombre, una relación establecida con José Antonio Meade Kuribreña, el secretario de hacienda para quien las reformas estatutarias en mención parecerían hechas a la medida. Otra “rebelde”, Ivonne Ortega, tiene a su vez un historial denso como gobernadora de Yucatán que fue, al igual que Ulises Ruiz, otro “democratizador” en curso (éste, incluso, está dejando correr la especie de que podría sumarse a Morena).
Todo el revoloteo de reacomodos priistas tendrá como punto geográfico de resolución el estado de Campeche, gobernado por un joven representante del dinosaurismo clásico, Alejandro Moreno, llamado Alito. En esa entidad se realizarán los debates y votaciones de la mesa sobre Estatutos, el punto clave de la mencionada asamblea y sus derivaciones hacia 2018.
Es muy sugerente de entendimientos políticos lo sucedido en el Estado de México a la hora en que el gobernador saliente, Eruviel Ávila, hizo el tradicional reparto de notarías de fin de sexenio que suelen hacer los gobernadores mexicanos para favorecer a quienes les han sido fieles.
Una de las beneficiarias fue Lorena Gárate Mejía, hija de Francisco Gárate Chapa, un panista que hasta hace días representaba a su partido en el Instituto Nacional Electoral y que había sido un insistente denunciante de presuntas anomalías de la candidatura de la morena Delfina Gómez al gobierno de esa entidad. Tan sugerente ha sido esa designación notarial que el PAN retiró a Gárate del cargo ante el INE. Otra notaría fue para Luz María Angélica Alatorre Carbajal, esposa de Ulises Ramírez Núñez, quien es diputado federal y una especie de cacique regional del PAN en el Estado de México.
También hubo notaría pública para Omar Martínez Vargas, hermano de Octavio, el secretario de asuntos electorales del comité nacional del PRD; para Héctor Javier Astudillo, hijo del gobernador de Guerrero, y para Alejandro Agundis, hermano del coordinador de diputados locales del Partido Verde Ecologista de México.
Y, mientras la familia política mexiquense sigue tan feliz, y Delfina Gómez realiza una protesta simbólica por el fraude electoral de junio pasado, ¡hasta mañana!
