Planteado como la panacea de la seguridad pública por el Ejecutivo federal y los gobernadores estatales en su conferencia nacional, la realidad es que el Mando Único deja más dudas que respuestas, comenzando por la Ciudad de México, entidad en la que el modelo ha perdurado durante mucho tiempo y que; sin embargo, tiene altos índices de delincuencia, hay presencia de grupos de delincuencia organizada y la institución policial es de las menos confiables del país. Si algo me quedó más claro aún después de escuchar su disertación, es que el modelo institucional de cualquier corporación policial del país es lo de menos, cuando lo que en verdad marca la diferencia en cuanto a gestión y resultados es la capacidad cualitativa del funcionario que está al frente de la misma.
Por eso es que se han hecho tantos experimentos y solo algunos han funcionado a medias, desde unidades de protección ciudadana en la Ciudad de México (con un ex militar retirado al frente), hasta las llamadas Fuerzas Especiales de Seguridad en el Estado de México, pasando por modelos como Fuerza Civil en Nuevo León, Fuerza Única en Jalisco y de policías “acreditables”, entre muchos otros; sin embargo, y esto es algo que en verdad debería llamar la atención, nada se ha dicho de modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer un perfil profesional mínimo que deberían cubrir los secretarios estatales o directores municipales, ni tampoco de los mecanismos que deberían institucionalizarse para su selección.
Ahora bien, el actual debate sobre si el modelo de Mando Único es el más adecuado o no para solucionar las fallas en la operatividad policial, y por ende, obtener mejores resultados, ha terminado por confrontar a dos de los principales sectores de la sociedad, el grupo político que gobierna y la sociedad civil organizada, el primero compuesto por personajes que se caracterizan por ser inexpertos en la materia, movidos por intereses partidistas más que por intereses sociales y que solo ocupan ciertos cargos de manera temporal, pero que son quienes toman finalmente las decisiones; y el segundo, compuesto en su mayoría por expertos, especialistas y académicos que han hecho de la seguridad pública su principal objeto de estudio.
