No se crea que el experimento de hacer normativas a modo para asegurar el futuro de quienes ostentan el poder es de originalidad quintanarroense, por aquello del “paquete de impunidad” que le cubriría las espaldas al gobierno saliente. Lo mismo quisieron hacer los gobernadores de Veracruz y Chihuahua. No tuvieron éxito. A pesar de esas frustraciones, la tentación de legislar con futurismo ventajoso también ronda en los Salones de Plenos federales. Lo que algunos partidos denegaron y hasta denunciaron a nivel local lo promueven y aprueban sigilosos en el ámbito nacional.
En el Senado de la República, PRI, PAN y PRD están haciendo su ronchita para asegurarse futuro mediante lo que se conoce como la #LeyDeCuates. Han aprobado la ampliación del período de vigencia de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para asegurar su control hasta el año 2024. Son, ¡exactamente!, los que califican los resultados de las elecciones, entre ellas las presidenciales. Tendrán dos por delante: 2018 y 2024. Como su autonomía es tan relativa como toda nuestra separación de poderes, de los 7 magistrados, 4 corresponden a propuestas del PRI (incluyendo uno de aliado menor), 2 al PAN y 1 al PRD.
Negocio redondo. Si alguien dudaba de que Pacto por México se convirtió en los hechos en un arreglo político trilateral (y más porque el Verde no es ajeno) que busca trascender para conservar el poder central ahí tiene la evidencia. Solo aceptan la competencia entre sí mismos. Si se rasgan las vestiduras sabrán no hacerse daño. El esquema está pintado para entender las condiciones y los reacomodos que habremos de ver en la contienda presidencial del 2018.
