Las mujeres en Quintana Roo se encuentran “descobijadas” ante las autoridades, ya que no hay una ley que proteja su integridad en caso de que éstas vivan violencia de pareja, sexual, explotación sexual y trata de personas.
Con el nuevo Sistema Penal Acusatorio que hay en el estado, solamente se modificó el procedimiento, ahora con un nuevo sistema oral en donde se pretende agilizar las resoluciones y poder tener facilidad de acuerdos entre la Fiscalía y la defensa, así ser sometidos a consideración de un juez, liberar a las víctimas o imputados.
Sin embargo, las víctimas siguen siendo regidas por el Código Penal del estado, ya que el federal no es aplicable en Quintana Roo, por lo tanto nada cambia en cuando a las leyes.
Ante ese escenario, las mujeres en Quintana Roo se encuentran indefensas, ante la voracidad de la Fiscaliza General del Estado, ya que no respetan de cierta forma sus derechos, no se les trata como víctimas.
Un claro ejemplo de lo que sucede en el estado, es que para que Área Psicológica de la Fiscalía emita un dictamen pericial, que determine la salud mental, se tarda en autorizar hasta tres meses, prácticamente la mujer tiene que erogar recursos económicos que no tiene, para que se haga; se alargan procedimientos y cuando la justicia llega tarde, pues ya no es justicia.
Urge pues, que el Congreso del Estado agilice la homologación de las leyes que protegen a las mujeres, y realmente exista una justicia para ellas, no solamente en la intensión de los políticos, sino en la praxis cuando se trata de aplicar las leyes que las protejan de todos los abusos de las que han sido víctimas de generación en generación.
