En 2011 la Organización de las Naciones Unidas adoptó un documento que contiene los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, una guía para proteger, respetar y remediar afectaciones a los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales.
Sin ser nuevas obligaciones de derecho internacional, este documento es un esfuerzo para dar luz sobre la actuación del Estado frente a posibles afectaciones a los derechos humanos por parte de las empresas (además claro está, de lo señalado en el marco normativo interno, tales como las acciones judiciales); a su vez, indica cuáles deberían ser las responsabilidades de las empresas para evitar infringir los derechos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en los que tengan algún involucramiento.
A inicios de este mes estuvo presente en nuestro país un Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Aunque el informe final y las recomendaciones estarán listas hasta junio de 2017, adelantaron la situación que encontraron: criminalización de defensores que evidencian a empresas que afectan los derechos humanos; la grave contaminación como consecuencia de actividades metalúrgicas, farmacéuticas, electrónica, automotriz, y otras; la falta de consulta y diálogo social, especialmente en poblaciones indígenas donde se pretenden o han construido proyectos de gran envergadura; la dramática situación de jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes que reciben bajas o ninguna remuneración; trabajo infantil; falta de inclusión de las personas con discapacidad; la discriminación por género en los empleos, entre otros señalamientos.
No obstante, por el lado positivo destacaron las muestras claras del compromiso por parte del gobierno mexicano para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas; el trabajo de las comisiones de derechos humanos en la difusión, protección y sensibilización de los derechos humanos; así como una sociedad civil participativa y activa.
El reto principal es que, sin importar su tamaño, las empresas conozcan los Principios Rectores adoptados por la ONU en la materia, para hacer frente a su responsabilidad. Ciertamente el desarrollo de las empresas es esencial para el sostén de cualquier país, pero habrá que vigilar que en contextos como el mexicano, dichas empresas no se beneficien de la impunidad, corrupción y falta de trasparencia, como lo señaló dicho grupo de trabajo. De lo contrario, la desigualdad económica y social permanecerá estática mermando la democracia en nuestro país.
