De acuerdo al INEGI, en el año 2016 se tuvieron alrededor de 2 millones 300 mil nacimientos en todo nuestro país, de los cuales más de millón y medio fueron atendidos en hospitales públicos. Sin embargo, no escapa a nuestra realidad el hecho de que la violencia obstétrica se ha visibilizado en los últimos años.
Esta es una modalidad de violencia institucional y de género, que cometen los prestadores de servicios de salud por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio. De tal modo que no es “normal” que un médico calle a una mujer en medio de un parto, usando expresiones inapropiadas; tampoco es normal que esterilicen a mujeres sin su consentimiento; a que mientan u oculten información sobre el estado de salud o realizar prácticas que contravengan la vida de la madre o el bebé; que no atiendan a las mujeres y no les “quede de otra” más que alumbrar en la calle o en el baño del hospital.
Y así podríamos enumerar muchas situaciones más en el que una mujer es humillada, maltratada física, verbal y psicológicamente. Las instituciones médicas no deben tolerar ninguna situación de esta naturaleza, mucho menos cuando se tratan de instituciones públicas, ya que faltan a su obligación constitucional de respetar los derechos humanos.
Por lo tanto, se advierte la necesidad de sensibilizar y capacitar a quienes prestan servicios de salud, con el fin de erradicar prácticas y conductas que laceran los derechos de las mujeres. De igual forma las comisiones de arbitraje médico juegan un rol importante para investigar los incidentes que hayan puesto en peligro la vida de las y los pacientes por la posible irregularidad o negativa de la prestación de servicios de salud.
En Quintana Roo debemos concientizar que la violencia contra la mujer, no solo se produce en los hogares, sino también en el ámbito público incluidas las instituciones, por lo que es menester que también en los hospitales tanto públicos y privados se erradique la violencia obstétrica en aras de proteger la dignidad humana.