En esencia y sin entrar aún en detalles, la iniciativa dada a conocer por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene visos positivos y responde a una creciente exigencia social de poner freno al despilfarro de recursos públicos para financiar las actividades partidistas, sobre todo en materia electoral.
La propuesta priista tiene como referente una competencia desbordada entre dirigencias partidistas para mostrarse solidarios con los damnificados. Una rápida y eficaz lectura del nuevo ánimo nacional, radicalmente modificado a partir del sismo del pasado 19, ha hecho que los principales partidos se muestren insólitamente dispuestos a reducir sus privilegios.
Cancelar al cien por ciento el financiamiento de los partidos para actividades electorales tiene, sin embargo, una contraparte sombría, pues abre la puerta a la recaudación subterránea de fondos, materia ésta en la que el PRI tiene una experiencia doctoral, particularmente en el ámbito empresarial (recuérdense los famosos “pases de charola”) y, marcadamente en tiempos recientes, en el ámbito de las relaciones espinosas con segmentos del crimen organizado.
Con ese planteamiento, el tricolor cree posible eliminar al pez de Morena en una pecera sin agua, suprimiendo las fuentes públicas de aprovisionamiento y enviando al vigilado partido de oposición a la búsqueda de financiamiento en los pantanosos terrenos de lo privado. A pesar de la entrega y la pasión de muchos cuadros del partido lopezobradorista, la falta de recursos económicos oficiales podría significar una grave desventaja respecto a los comicios del año entrante.
La supresión de curules y escaños por la vía conocida como plurinominal tendrá como consecuencia que los partidos no puedan llevar a esas postulaciones privilegiadas a cuadros intelectuales que no ganarían su asiento mediante mayoría de votos. Sin embargo, tal intención cualitativa original ha sido largamente distorsionada, de tal forma que su eliminación no degradará la vida legislativa, ya bastante degradada.
No está de más señalar que, de aprobarse la propuesta anunciada ayer por Enrique Ochoa Reza (aprobación que está sujeta a demasiadas variables), entrañaría el fin de los cuarenta años de sometimiento de las oposiciones a las zanahorias de las plurinominales y el financiamiento público, que fue la clave de la reforma política impulsada en 1977 por Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de gobernación, con José López Portillo como presidente de la República.
La inmensa solidaridad hacia los damnificados por el reciente sismo ha batallado para encontrar cauces confiables hacia los cuales dirigir ayuda, sobre todo en efectivo.
En un México profundamente dominado por esquemas de corrupción, resulta difícil poner a salvo los mecanismos institucionales del gobierno, pero también a la mayoría de los privados. En nuestro país existe la industria asistencial, tanto la practicada por los gobiernos, en especial mediante programas desarrollados por las secretarías de desarrollo social, la federal y las estatales, como la realizada por entidades particulares, cuyos gastos (entre otros, los de las plantillas administrativas) suelen ser discrecionales y sin una adecuada y comprobada rendición de cuentas.
Una de las tareas inmediatas a las que obligan las circunstancias de desastre en varias zonas del país, y la extraordinaria solidaridad suscitada tanto aquí como en el extranjero, es la de regular, transparentar y hacer plenamente confiables los mecanismos de recepción, administración y aplicación de los recursos económicos donados por tantas personas de buena fe.
A la natural y fundamentada desconfianza respecto a esas entidades beneficiadas con donaciones, se han agregado las vergonzosas demostraciones de voracidad clientelar de políticos como el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, decididos a manejar los recursos ajenos como si fueran propios y a entregar esas ayudas a los destinatarios que mejor convengan a sus intereses facciosos.
Para confirmar la validez de la conocida máxima que asegura que la política es tiempo y circunstancia, varios precandidatos en firme deberían valorar si los tiempos de tragedia y las circunstancias que se viven en México son propicios para que dejen sus cargos, transfieran responsabilidades a recién llegados a ese nivel y se lancen alegremente a la búsqueda del voto para ocupar otras sillas, legislativas o de mando ejecutivo.
Un ejemplo de esa encrucijada lo tiene Aurelio Nuño, el secretario de educación pública a quien las circunstancias derivadas del sismo lo han colocado ante la disyuntiva de dar continuidad a un trabajo delicado de reconstrucción de planteles y de garantizar seguridad a las comunidades escolares o, eventualmente, dejar lo educativo atrás y saltar al movedizo terreno de las campañas electorales. Algo similar sucede con Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de gobernación a cuyo cargo está la coordinación de los programas de protección civil y la seguridad pública, y con el secretario de hacienda, José Antonio Meade, quien debería centrar su esfuerzo en mantener a flote la economía nacional y los proyectos de reconstrucción.
En el plano capitalino también habrá de verse si los actuales jefes delegacionales en Tlalpan y Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, respectivamente, dejarán sus demarcaciones, con todos los problemas agravados que ahora tienen, para concentrarse en las batallas electorales. El tiempo y las circunstancias que se viven en México llevan a preguntarse si la presente es una ocasión en que los funcionarios públicos deberían cumplir ejemplarmente sus compromisos originales de estancia en los cargos hasta el último día, como originalmente prometieron hacerlo, sin el chapulinismo clásico, tan pernicioso en general y, sobre todo, en estos momentos tan definitorios como exigentes.
Y, mientras la tentativa de vuelta a la normalidad en la Ciudad de México ha evidenciado, una vez más, la muy reducida confianza de los mexicanos respecto a dictámenes y determinaciones gubernamentales ¡hasta mañana!
