Suegras, cuñadas y comadres. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca como único delito con sanción de pena de muerte la traición a la patria, pero no aclara qué pasa cuando se traiciona a la entidad federativa, lo cual también merecería un castigo más que ejemplar ¿no cree?
Y en este sentido, bien pudiera darse una demanda que derive a una exhaustiva investigación por la forma en que se le ha dado la espalda a Quintana Roo en su lucha por recuperar el territorio de más de 10 mil kilómetros cuadrados que Campeche pretende apropiarse -o ya se apropió-.
Cabe recordar que el ex gobernador Mario Villanueva fue quien inició en 1997 las controversias de límites contra Campeche y Yucatán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivadas de la creación del municipio campechano de Calakmul, pasando a fase judicial la disputa de una franja de tierra de 10 mil 200 kilómetros cuadrados.
Estas controversias se dieron por la violación del Pacto Federal en que incurren Campeche y Yucatán al no respetar los límites de Quintana Roo.
Todo iba bien, a favor de Quintana Roo, hasta que entró como gobernador Joaquín Hendricks Díaz, a quien literalmente le valió m… el asunto, al grado de que dio un vuelco en beneficio de Campeche. Al respecto se abre un paréntesis ¿Hubo algo que no le valiera m… a Hendricks como gobernador? Sí, sí lo hubo: sus tierras -propias- y sus damas.
Así, paulatinamente se fue tornando más difícil el litigio para el estado. Félix González y Roberto Borge retomaron la pelea por el territorio interponiendo controversias, hasta ahora que esta administración estatal ha renunciado a toda posibilidad de interponer los recursos que sean necesarios para continuar con la “guerra jurídica”.
Y es que el secretario de gobierno Francisco López Mena reconoció que en la actualidad la superficie en litigio pertenece legalmente a territorio campechano, por lo que aseguró que este es un tema agotado, “el asunto está concluido y no hay nada que hacer”, dijo.
Señaló que no está dentro de los planes del gobierno estatal presentar una nueva controversia, ya que requeriría de todo un proceso legal, de participación ciudadana, que hubiera consenso y que hubiera un criterio jurídico que permitiera hacerlo.
Se lo dejo a su consideración, amable lector.
