La cárcel constituye una forma completa de vida y de identidad y el VIH es invisible y la salud no es una preocupación para aquellos que hayan delinquido y estén recluidos, donde algunos posiblemente fueron consumidores de droga y nunca se hicieron una prueba de detección que a causa de su modo de vida muy pocos decidieron en su momento acudir a un médico o al dentista antes de ser confinados.
La posibilidad que daría el contar con un estudio de línea basal en población privada de su libertad sobre estos temas como de la prevalencia del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, de la hepatitis B y C así como de la tuberculosis, se vuelve imperante ante la posibilidad de lograr obtener hallazgos e importantes indicadores de impacto para quienes trabajamos en la respuesta de la epidemia en este sector como con aspectos a la salud, por ser la población recluida 2 a 10 veces mayor su incidencia en casos nuevos y más de 20 veces si habláramos de la población femenil en cautiverio, que por su aguda condición inequitativa y de género podrían llegar a enfrentar problemas graves que incrementarían con mayores tasas de prevalencia al VIH al existir una posibilidad al verse afectados de manera colateral otros reclusos, como familiares o el mismo personal que trabaja e interactúa a diario con ellas.
En estos contextos, la prevención se vuelve no solo un reto sino la urgente necesidad de que se implementen intervenciones relacionadas con el proceso de la infección, tanto en el ámbito de la prevención como del diagnóstico oportuno, ya que juntos lograrían incorporaciones a tiempo y la supresión viral de todo aquel caso reactivo que resultara de un tamizaje aplicado tanto en aquellas internas como del personal penitenciario que llegara a resultar afectado.
Por lo que ardua deberá ser la tarea para quien presida en los cuatro próximos años la Comisión de los Derechos Humanos de este estado, ya que habrá de responder de manera institucional dando soluciones en el ámbito de su jurisprudencia, al tema del VIH como del hacinamiento y de las condiciones de vida que enfrentan todas ellas, como la sobrepoblación con las que cohabita y la grave falta de servicios médicos que fueron evidenciados en el último reporte de la CNDH, que en el año 2016 reprobó a los Centros de Internamiento de nuestra entidad por ocupar el cuarto sitio a nivel nacional respecto a las deficiencias y violaciones encontradas en sus garantías constitucionales.
Considero estimado lector que debiera ser fundamental quienes trabajamos en estos temas que promovamos y fortalezcamos una colaboración de manera más coordinada con una agenda intersectorial comunitaria con cada Centro penitenciario de la entidad, ya que la inmensa mayoría de las personas recluidas que cumplen una sentencia están regresando a sus comunidades de origen y toda enfermedad contraída en ellos se está convirtiendo en cuestiones de salud pública.
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