Pese a que la infección del VIH no tiene cura, hoy se vuelve tratable y disminuye su mortalidad al tornarse crónica y con mayor calidad y esperanza de vida. Sin embargo, los cambios en la percepción social que aún continúan son menos significativos ya que su transmisión y sus implicaciones respecto al género son causa de un estigma asociado y motivo de una fuerte discriminación en los distintos ámbitos del proceso de la infección al volverse obstáculo importante para la prevención y su asistencia médica.
Sí una mujer vive con este virus, su discriminación inhibe la personalización que tiene frente al riesgo por miedo a generarse desconfianza o crítica en su propio entorno social, situación que reduce la posibilidad de que se negocien medidas preventivas y el socavar su predisposición con sus parejas, al limitar su detección sistémica al no querer compartir su resultado y nueva condición de vida y la probabilidad de no poder buscar tratamiento para su control.
Pese a que la tasa de infección de este sector permanece estable, las mujeres que hoy contraen VIH continúan siendo condenadas a un ostracismo, no solo por sus propias familias sino por sus comunidades que las expulsan de sus casas o al ser rechazadas por sus cónyuges teniendo que vivir aterradas o sufrir violencias, incluso ser privadas de la vida como si fuesen criminales.
Si nuestro Congreso tuviera la intención de aplicar una ley criminal a la exposición y transmisión del VIH como una salida a esto, quizá su decreto resultaría un bien intencionado deseo por protegerlas como respuesta a una preocupación legítima por su rápida expansión. Pero el continuar permitiendo que la sociedad las criminalice, no prevé la aparición de nuevas transmisiones ni reduce con ello su vulnerabilidad frente al Virus, al contrario las perjudicaría más que ayudarlas, al lograr un impacto negativo en las necesidades de salud pública y en la protección a sus derechos humanos. El seguir criminalizándolas tampoco las protege de la violencia sexual y la violación, ni de los embarazos no deseados, por el contrario, aumenta el riesgo a una “criminalización secundaria” cuando las sobrevivientes de violación si fuesen infectadas por VIH pudieran verse perseguidas por una posible exposición y transmisión a sus bebes o a sus parejas.
Considero que en lugar de responder al VIH generando temor o leyes, un enfoque de derechos humanos pondría énfasis en la protección a la dignidad de todas ellas al crearse condiciones para la toma libre e informada en relación a su salud y su vida.
