En el gobierno del estado y su partido no esperaban semejante reacción social de rechazo frente a lo que luce como un acto de miedosa arbitrariedad autoritaria disfrazada con un baño de legalidad.
Aun así, el PRI y sus aliados no van a desistir en su empeño por cubrir legalmente al gobierno saliente. En la medida en que soporten la presión de estos días, el daño que sufran por el desprestigio será muy menor para sus fines con relación a la amenaza que les significa la llegada de un gobierno cumpliendo sus compromisos de campaña. Están forzando la modificación normativa para atrincherarse buscando, en el peor de sus casos, obligar a una negociación favorable y directa con el gobierno entrante que les asegure impunidad.
Negociación que ahora no existe. No hay diálogo para la transición y sus actos desesperados reflejan que tampoco cuentan con la cobertura que los ampare desde instancias federales.
Sin embargo, no descarto que la estrategia les funcione. Por un lado, debido a los candados que están imponiendo desde el Congreso y sus mayorías municipales como cerrojo local que la próxima legislatura, por su composición plural, no pueda deshacer. Pero sobre todo, e irónicamente, por el contexto nacional. El PRI resistirá para que no caigan todas las cabezas que la gente ofendida reclama de varios gobernadores que están por salir. Por la presión tan incisiva, probablemente caerá uno o si acaso dos, no más, pero no por ser incriminados ante una justicia justa, imparcial y neutra, sino en calidad de chivos expiatorios, seguramente negociados con los partidos contendientes. En esa tesitura, el que mejor se defienda se salva.
La situación llegó a un punto en el que sólo la movilización ciudadana masiva, que desborde los límites de la gobernabilidad actual, podría revertir la tendencia que se está imponiendo.
