Son varios los signos de irregularidad judicial y política en el tratamiento del caso de Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz que ahora pretende utilizar una estrategia de defensa jurídica (¿sugerida por sus amigos con poder?) que podría servirle para alcanzar castigos menores y seguir familiarmente en pleno disfrute de la riqueza mal habida.
La solicitud formal de extradición del político que ahora abiertamente sonríe se realizó durante el segundo y último día de una visita oficial de Enrique Peña Nieto a Guatemala. Es decir, la redacción del texto oficial se formalizó hasta que el mexicano se reunió con el presidente centroamericano, como si dependiera de pláticas directas entre los dos ocupantes de esos poderes ejecutivos el definir los términos de una solicitud mexicana, cuyos plazos estaban por vencer.
Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril, en Guatemala, y el gobierno mexicano tenía hasta el 20 de junio para entregar la solicitud de extradición. Dicha solicitud se realizó el 7 de junio, con Peña Nieto en esa ciudad capital, a donde había llegado la tarde del lunes 5, un día después de las elecciones estatales de entre la que destacó la del Estado de México (esa tarde del lunes, Peña se reunió a almorzar con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en un encuentro fuera de la agenda de la visita oficial).
Por primera vez durante su administración, EPN llevó a este viaje un helicóptero del gobierno mexicano. La visita oficial comenzó el martes 6 y terminó el miércoles 7 del mismo junio. El ministro de relaciones exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, aseguró que durante las conversaciones privadas entre Peña Nieto y el presidente Jimmy Morales, “no se abordó el tema en particular de Javier Duarte (…) Yo no digo que el caso del señor Duarte no sea grave, pero no tiene por qué ser parte de la agenda de dos presidentes”.
Jimmy Morales, el presidente al que visitó Peña Nieto antes de formalizar la solicitud de extradición de Duarte de Ochoa, es un productor y actor cómico que durante 18 años protagonizó el programa televisivo Moralejas. El 14 de enero de 2016 rindió protesta como jefe del poder ejecutivo de su país, apoyado por la ultraderecha, insistente en el estribillo discursivo de su campaña electoral de que “durante 22 años les he hecho reír. Si gano las elecciones, prometo que no les voy a hacer llorar” (uno de sus lemas: “Ni corrupto ni ladrón”). Sin embargo, su inexperiencia política y su dependencia de factores políticos densos, como la propia cúpula castrense, los grupos empresariales y la embajada estadunidense, ya han producido fundadas lágrimas entre sus esperanzados votantes y la población en general.
Otro punto polémico de la estrategia seguida por la administración peñista respecto al amigo y favorecedor Duarte de Ochoa radica en cuanto a haber solicitado su extradición o haber buscado su inmediata deportación, ante la evidencia de una larga estancia irregular en Guatemala. El pasado 25 de abril, el canciller Luis Videgaray declaró: “Javier Duarte fue detenido por una ficha roja emitida por Interpol México para efectos de extradición. Solicitar la deportación podría darle al detenido una ventaja procesal que conduciría a su posible liberación por fallas en el debido proceso” (en el caso del narcotraficante Joaquín Guzmán, “El Chapo”, detenido en Guatemala en junio de 1993, se le deportó sin mayores consideraciones y su proceso se cumplió sin “ventajas” en México).
Si en política son tan importantes los tiempos y las formas, puede decirse que Peña Nieto erró en ambos rubros al hacer que coincidiera su viaje oficial a Guatemala con la emisión, al final de este viaje, de la solicitud de extradición de un personaje siniestro que durante muchos años mostró cercanía y complicidad con el equipo mexiquense ahora en el poder, particularmente con el jefe de este grupo. Dicha coincidencia, y otros factores anómalos (como la impunidad manifiesta de la esposa y otros familiares de Duarte, a salvo, en pleno goce de la fortuna sexenal), han incentivado la especulación de que Duarte de Ochoa goza de protección oficial y que Los Pinos busca la mejor manera de favorecer los intereses del veracruzano.
Las especulaciones se han avivado ante el rápido allanamiento de Duarte de Ochoa ante las acusaciones específicas del gobierno de Veracruz, que son menores a las presentadas por el gobierno federal. Podría ser que el devastador de Veracruz rechace las acusaciones fuertes, las presentadas por la Procuraduría General de la República, y pretenda que el litigio se centre en el plano estatal, casi en una reyerta entre él y su oponente, Miguel Ángel Yunes Linares, cuya textura política es propicia para todo tipo de arreglos y entendimientos por debajo del agua, aunque en la superficie aguce la retórica. O podría suceder que, allanándose también a los requerimientos federales mexicanos, Duarte sea beneficiado por “errores” procesales como los que continuamente son sembrados en expedientes judiciales de “amigos” de los poderosos, para que, más adelante, los jueces deban “aceptar” tales fallas y aminorar o desvanecer los cargos, como ha sucedido con tantos políticos y gobernantes en la historia corrupta de un México tan lleno de “coincidencias” (basta revisar el caso de Raúl Salinas de Gortari).
Astillas: Que dice el partido Verde Dólar (oficialmente, Verde Ecologista de México) que va a analizar la posibilidad de dejar su largo amasiato político con el PRI y optar por el presunto romance de temporada, con PAN y PRD en los roles estelares… La administración de Miguel Ángel Mancera borró, con chorros de agua a través de mangueras, la inscripción que periodistas habían colocado en la plancha del Zócalo, frente a Palacio Nacional, en protesta por el asesinato del michoacano Salvador Adame y otros comunicadores: SOSPrensa. Como es un gobierno “de izquierda”, luego se disculpó, y atribuyó todo a una limpieza “de rutina”… ¡Hasta mañana!
