El tema del endeudamiento de Solidaridad llegó hasta San Lázaro. Y es que la Cámara de diputados federal, presentó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no inscribir el nuevo refinanciamiento bancario por mil 30 millones de pesos, autorizado por el Congreso de Quintana Roo al municipio de Solidaridad.
La petición viene directamente de diputados federales perredistas, dado que dicho préstamo representará adquirir más deuda cuando la administración ya está por terminar, además que se le hereda al próximo gobierno que encabezará Cristina Torres Gómez.
En el punto de acuerdo los diputados detallan las irregularidades cometidas por la administración del alcalde interino Rafael Castro, para elevar la deuda de ese municipio, uno de los más endeudados del país.
Entre las irregularidades se menciona que dicho crédito ya contratado con Bansi, fue avalado por el Comité Financiero para le evaluación del Crédito del municipio de Solidaridad, pero carece de facultades para ello.
Con dicho crédito, el gobierno municipal saliente de Solidaridad lo que hizo fue convertir la deuda a corto plazo, la cual era de casi 900 millones de pesos, en deuda bancaria, con lo cual mete en serios problemas al gobierno entrante.
El convertir la deuda a corto plazo en deuda bancaria, la cual se heredará a la actual y otras administraciones, violentaría el marco constitucional dado que la obligación de la actual administración, es liquidar todo empréstito contraído para pagar antes que concluya el periodo para el cual fue electo.
En los considerandos del punto de acuerdo se señala que el municipio de Solidaridad, el cual obtiene más de la mitad de sus recursos por ingresos propios, contaba con finanzas sanas, sin embargo en los últimos 5 años se generó un déficit en gasto corriente debido a que las últimas administraciones gastaron más de la cuenta.
A todo ello la presidenta municipal electa Cristina Torres Gómez, ha señalado que hará todo lo posible, legalmente hablando, para evitar que tales recursos sean entregados a la administración que concluye en un poco más de dos meses, puesto que no hay claridad en la aplicación de los mismos.
Ha dicho también que se revisará el ejercicio del gobierno saliente y se fincarán responsabilidades contra quien sea necesario, puesto que el nuevo empréstito daña directamente a los ciudadanos al comprometer los recursos que se requieren para realizar obra pública.
