Las condiciones que se viven en el país no son resultado de la casualidad ni de la globalización. Sí del hartazgo, de la falta de oportunidades, de la prevalencia del interés político cupular y oligárquico… en síntesis, de la acción unipersonal del Ejecutivo y de la falta de garantías individuales o derechos humanos donde la declaración de guerra que hiciera Felipe Calderón fuera en contra de los ciudadanos mexicanos y como resultado de ello, entre 2007 y 2012, en México han muerto 121 mil 163 personas presas de la violencia generalizada.
Si consideramos los números reportados de manera oficial, en 3 años de la actual administración, hemos perdido a más de 60 mil pisanos, es decir, de seguir así, el número total de víctimas de la violencia en México podría llegar a 300 mil antes del 2018. Víctimas todos de sacar al Ejército Mexicano a las calles y declararnos la guerra, una institución que, en todo caso está para protegernos del enemigo fuera de nuestras fronteras.
Aunque parezca extraño, no es la única violencia que padecemos los mexicanos, también está la violencia administrativa, esa que en lugar de prever beneficios para todos y un crecimiento sostenido, nos ha sumido en la miseria, ha hecho mucho más grande la zanja entre ricos y pobres y, por si fuera poco, ha entregado al extranjero y a la oligarquía los recursos naturales que nos quedan.
Por ello es que hoy, a 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, me gustaría hablar de la Democracia Constituyente. Lo que sabemos es que el golpe más letal a nuestra democracia y soberanía es la violencia administrativa, principalmente la que representa haber hecho más de 700 cambios a nuestra Carta Magna.
Tan sólo en las dos últimas administraciones se han hecho 257, y si a alguien le queda la menor duda de que el objetivo fue fortalecer intereses extranjeros, bastará con que analicemos lo que ocurre en el mercado internacional y en el local.
En ese tenor, urge recuperar do factores fundamentales de nuestra Constitución: la división de poderes, y el respeto a los derechos y garantías individuales, pero sobre todo, restringir el poder de las cúpulas de los partidos políticos.
Ello requiere de una revisión a fondo de nuestra Constitución a fin de resarcir los daños graves que generaron, sobre todo las más recientes modificaciones, para luego avanzar en la adecuación de un documento que nos rija, nos dé un nuevo sentido nacionalista y nos permita recuperar la autogestión administrativa, alimentaria, parlamentaria y de la generación y explotación de riquezas, sin la injerencia del interés extranjero u oligárquico.Lo que no nos explican, es que para conformar el Congreso Constituyente se hizo una insaculación de ciudadanos.
