Gran interés ha causado la intervención de la SEIDO a la empresa First National Security, debido al aseguramiento de 1500 cajas de seguridad y la manifestación de los propietarios, a la par de las declaraciones de la propia autoridad han dado lugar a diversas manifestaciones.
Al ser una investigación y estar protegida por la confidencialidad no se tiene certeza si esto tiene que ver con la detención de un personaje ligado al crimen organizado o al exgobernador de Quintana Roo preso en Panamá, o a ambos.
Lo que sí ha llamado la atención es la pronta intervención que han puesto los diputados federales, en especial José Luis Toledo “Chanito”, quien pronunció un vehemente discurso en pro de las garantías del debido proceso y presunción de inocencia y hace una rápida y estratégica aparición en el escenario.
También resalta poderosamente lo que se ha señalado respecto del contenido de algunas cajas de seguridad que poseen documentos como pasaportes y otros de carácter personal. Es esa misma tesitura se ha mencionado que encontraron plásticos que son utilizados para la clonación de tarjetas, cantidades inusuales de dinero en efectivo de diversas divisas, joyas entre otros objetos de valor y por supuesto muchos de ellos ilícitos.
La SEIDO ha precisado que quienes puedan acreditar legalmente la posesión y obtención del contenido de dichas cajas de seguridad les serán devueltas sin preámbulo alguno. Entre los dueños del contenido de dichas cajas ha habido algunos que se han acogido al amparo. En esa diversidad existen empresarios, miembros del clero, políticos, extranjeros y algunos que hasta ellos mismos desconocían el contenido de sus cajas.
El debate radica en la legalidad de la incautación ya que los propietarios tienen miedo de que les roben o aparezcan sus pertenecías. En este caso es preciso acotar que la autoridad actúa de manera precautoria. En este sentido algunos ciudadanos argumentan que hay cosas que es imposible acreditar como joyas por herencia, sin embargo, la SEIDO ha señalado que actuaran con amplio criterio.
Ahora bien, mucho de lo incautado se ha mencionado que puede ser producto del narcomenudeo, sin embargo, dudo que las 1500 sean por este rubro, lo que es cierto y llama la atención es que existan tantas personas que posean dinero en efectivo que no se deposita en cuentas bancarias. Debemos tener en cuenta que ilegal es todo lo que sea contrario a la ley, es decir, no solo se debe ver si se tiene o no la forma de acreditar que se cuenta con los medios para obtener ese recurso sino que el SAT también debe intervenir para determinar si se está o no evadiendo impuestos con la adquisición de esos bienes o relativas al patrimonio de los dueños de ese recurso económico o bienes.
Sorprende la actitud de los diputados pues en ningún momento señalan que efectivamente se determine si existe una discrepancia fiscal entre los poseedores de altas sumas en efectivo y lo que se declara para el pago de los impuestos, que tampoco se solicita que se investigue la forma en que puedan tener cantidades superiores a las permitidas por ley para traer en efectivo en diversas divisas, y en el caso de políticos tendrá que intervenir la autoridad para determinar si lo ahí encontrado fue puesto en su declaración patrimonial. No se trata solo de impedir que se abran sino pedir que se actué conforme a Derecho y que quienes hayan vulnerado la ley sea penal, fiscal o administrativa tengan un debido proceso.
Ahora, si bien es cierto que este es un asunto que tendrá que esclarecerse pues seguramente se verán afectados algunos ciudadanos que si estén en el marco de la legalidad, lo cierto es que este tipo de enfáticas intervenciones de los diputados encabezados por Toledo no las vimos en el tema Tajamar, Bacalar, Dragón Mart, Aguakan, protección al manglar, la venta de terrenos de manera irregular del extinto IPAE desfalcos, millonarios al patrimonio estatal, trata de personas, violencia de género, entre otros en donde los afectados son en número superiores o cuando se trata de proteger al medio ambiente. Independientemente del resultado en el caso concreto, esperemos que con esta misma vehemencia se defiendan los intereses de Quintana Roo y no solo de un selecto grupo.
Esperemos que la SEIDO esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía y que garantice que quienes acrediten la legalidad de sus posesiones no se vean afectados. Y que de esta acción se dé cuentas claras a los ciudadanos que seguimos preguntándonos cómo pueden obtener millones de pesos, dólares o euros en efectivo sin que ningún autoridad fiscal lo haya advertido.
