Ayer se produjo una peculiar primera votación en busca de instalar la mesa directiva de la cámara de diputados, en un episodio caracterizado por las negociaciones privadas y los caracoleos públicos. Dado que este intento inicial falló, se ha convocado a una nueva tentativa este jueves, en el contexto de una crisis legislativa provocada por el empecinamiento de Los Pinos en hacer fiscal general de la nación, por nueve años, a Raúl Cervantes Andrade, un dependiente político de Enrique Peña Nieto.
El entrampamiento priista tuvo una posibilidad de desahogo luego que la bancada de Morena, por voz de su coordinadora, Rocío Nahle, estableció que no estaba “ni con unos ni con otros”, en referencia a las dos partes en pugna: los neofrentistas de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en contra de la instalación de la directiva en San Lázaro (como medida de presión para impedir que en el Senado se aprobara el pase automático del “carnal” Cervantes Andrade como fiscal transexenal) y un bloque acaudillado por el PRI, con el PES, Panal y el Verde pertrechados en un discurso de “secuestro” de la cámara de diputados y de acusaciones a Ricardo Anaya, el dirigente del partido blanquiazul; elaboración retórica que, en ciertos momentos, compartió Morena y posibilitó que se convocara a una primera votación, en la que finalmente no se alcanzaría la suma calificada para instalar la directiva, ni siquiera con la eventual aportación aritmética de Morena, que finalmente votó en contra.
Las escaramuzas de ayer están inscritas en el plano mayor de los posicionamientos electorales rumbo a 2018. Morena consideró que el segmento neofrentista está pretendiendo asumirse como oposición real al poder priista cuando, a su entender, es parte de un binomio consolidado (el prianismo, ahora con PRD y MC como nuevos socios) que, en esta ocasión, atraviesa por un momento específico de contrariedades. Los neofrentistas, a su vez, acusaron a Morena de colaborar con el PRI para la instalación de la directiva de los diputados, lo cual debilitaría la oposición al #FiscalCarnal y posibilitaría su designación, aun cuando los morenos votaran contra esa imposición. En particular, los opositores al joven partido señalaban que un experredista, ahora de Morena, asumirá una vicepresidencia de la cámara, como pago político derivado de acuerdos que permitieran la activación de San Lázaro.
El fondo del asunto permanecía, hasta anoche, inamovible. Raúl Cervantes Andrade ya fue hecho a un lado en anterior lance impositivo de Los Pinos, cuando se pretendía hacerlo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que no fue posible por el enorme sesgo partidista que tiene quien luego fue enviado como titular de la procuraduría federal de justicia.
Ahora, a pesar del escándalo del Ferrari que no paga tenencia por haber sido registrado en un domicilio fantasma de Morelos, y de las sonoras pruebas de su sometimiento político a Peña Nieto, se mantiene en alto la insistencia en hacer a Cervantes Andade un guardaespaldas judicial del peñismo y el calderonismo. Será el próximo jueves cuando se intente una nueva votación negociada, luego que este martes se recurrió a la coartada de “parar” el reloj legislativo, haciendo como que la sesión del día se puede prolongar indefinidamente, para “no violar” los términos legales.
El zarandeo legislativo quitó atención al documentado reportaje de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, en el que se denuncian los mecanismos de triangulación delictiva utilizados desde diversas áreas del gobierno federal para escamotear miles de millones de pesos, con la deplorable colaboración de diversas universidades, a las que se utilizó como parapeto a comisión.
El reportaje, denominado “La estafa maestra”, ofrece una prueba del enorme universo de corrupción institucionalizada, con empresas inexistentes, inactivas o insuficientes, a las que se registró como beneficiarias de contratos y negocios cuyos montos fueron a parar a manos hasta ahora desconocidas. En esa danza de los miles de millones destacan la Sedesol en tiempos de Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con Alfredo del Mazo Maza como director; y Pemex, con Emilio Lozoya.
Es probable que la develación de ese entramado de criminalidad desde el gobierno federal hubiera causado, en otros países, manifestaciones de protesta y exigencia de destitución de altos funcionarios federales. En México, sin embargo, todo transcurre en el marco de la normalidad corrupta. La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Arely Gómez, respondió con un comunicado de prensa cargado de retórica burocrática que a nadie alienta a esperar que haya justicia: se irá hasta las últimas consecuencias, se está investigando, se corregirá. Mmm.
En Washington, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sesions, dio a conocer la decisión de Donald Trump (quien, contra su habitual protagonismo, prefirió dejar a un subordinado el anuncio sombrío) de finalizar el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, conforme a su denominación en inglés), conforme a fases y términos que impactan a adolescentes y jóvenes entre los que hay una notable presencia de oriundos de México.
Como ha sucedido en otras circunstancias críticas para los paisanos que viven en Estados Unidos en precariedad migratoria, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pretendido poner buena cara retórica, anunciando planes para recibir a quienes sean repatriados, como si en México abundaran las oportunidades y los programas oficiales que beneficien a quienes ya viven aquí.
Y, mientras PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han dado el primer paso formal para la constitución de lo que llaman Frente Ciudadano por México, que podría convertirse en una alianza electoral en 2018 (si se ponen de acuerdo en el nombre de quien asuma la candidatura presidencial conjunta), ¡hasta mañana!
