La decisión tomada la tarde de ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cayó como balde de agua fría a las autoridades quintanarroenses, pues representa un manto de impunidad para los magistrados electorales locales.
Víctor Vivas Vivas, el sempiterno presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, fueron demandados en enero de este año por Sergio Avilés Demeneghi, consejero electoral del Ieqroo, quien presentó una demanda de juicio político en contra de dichos magistrados ante el Congreso del Estado y ante el Senado de la República.
Lo anterior bajo los argumentos de ataques a las autoridades electorales locales, intromisión en el pasado proceso electoral local, conductas irrespetuosas y algunas sentencias fuera del marco de la ley por parte de los magistrados del Tribunal Electoral.
El Congreso del Estado dio entrada e incluso integró la comisión instructora que validaría los elementos para someter a juicio político a los tres magistrados, además de al ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo y al ex presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo.
La lógica sería que al ser funcionarios de un órgano estatal debería ser el Congreso del Estado el encargado de auditarlos y sancionarlos… ¿pero qué fue lo que determinó el tribunal federal? Pues que no está entre las facultades del Poder Legislativo de Quintana Roo el juzgarlos.
Se determinó la protección de los derechos políticos-electorales de los magistrados del Teqroo y que sea el Congreso de la Unión quién defina la resolución del tema en el ámbito de sus competencias y no los diputados de Quintana Roo. Allí, con la mayoría priísta, partido al que sirvieron ciegamente, seguramente no les pasará nada.
Con esta determinación la justicia federal ata de manos al Congreso local, que aunque acatará la decisión no la comparte. Refrenda esto también el respaldo a las medidas transexenales adoptadas por los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge, pues Vivas Vivas, sobrino de González Canto fue refrendado en su cargo durante el gobierno de Borge Angulo al frente del Teqroo por siete años más, es decir, deberá dejar su cargo hasta el 2022.
El manto protector de la impunidad cae sobre Vivas Vivas, el mismo que fue acusado de acoso laboral por el jefe del Área de Comunicación y Difusión del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), el mismo Vivas Vivas al que denunció la consejera del Ieqroo Claudia Carrillo Gasca por violencia política contra la mujer.
Lo cierto es que la Federación queda una vez más en deuda con Quintana Roo. Nos ha quedado a deber con la lentitud con la que se ha avanzado en el caso de las denuncias presentadas contra el ex gobernador Roberto Borge y nos decepciona ahora, con la protección brindada a aquellos que traicionaron a Quintana Roo.
