DEL TRADICIONAL “el gobierno no negocia con criminales”, en Guerrero se inauguró el modelo “el gobierno sirve de mediador entre delincuentes”. Y lo peor es que Héctor Astudillo lo presume, al menos en su cuenta de Twitter.
CON gran satisfacción está difundiendo el gobernador haber mediado entre un grupo armado de civiles y un grupo armado de narcos, para liberar a los rehenes de unos y otros.
AHORA RESULTA que es más fácil buscar una conciliación “amistosa” que, primero, garantizar la seguridad de los guerrerenses; y, segundo, no permitir que los delitos queden impunes, para evitar que los ciudadanos decidan aplicar el ojo por ojo.
SI ALGUIEN en el gobierno y en el PRI tenía la intención de preocupar a los defensores de derechos humanos, lo está logrando a la perfección.
COSA DE VER la repentina decisión de los diputados tricolores, encabezados por César Camacho, de cancelar la aprobación de la Ley contra la Tortura… justo ahora.
A ESO se suma, ojo, que el propio coordinador priista indicó que pretenden aprobar hoy mismo la reglamentación del artículo 29, que permite al Presidente suspender las garantías constitucionales, cuando sea “necesario”.
ES DECIR: prefieren no castigar la tortura, pero sí imponer el Estado de excepción. Curiosas prioridades cuando se debate, precisamente, la idea de legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.
MENUDO LÍO se le armó en Coahuila a Rubén Moreira con la renuncia al PRI del diputado federal Javier Guerrero para buscar la gubernatura como independiente.
