Tronantes sin duda resultaron las primeras revelaciones del equipo de transición de Carlos Joaquín González con respecto a lo que han encontrado en la entrega-recepción con su contraparte, el gobierno de Roberto Borge.
Encontraron un gobierno financieramente quebrado. Y uno pregunta: ¿cómo no iba a estar en esa situación si existe un déficit de operación –es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos- de 2 mil 700 millones de pesos?
Hallaron una in correcta distribución de los recursos que se han destinado al gasto corriente (sueldos, teléfono, gasolina, etcétera), en vez de destinarse a la inversión, además de un endeudamiento excesivo que ha cancelado la posibilidad de conseguir recursos adicionales.
Y por si esto fuera poco, encontraron una mala calificación crediticia y operativa del estado que lo coloca en desventaja para la búsqueda de fuentes de financiamiento públicas y privadas.
En pocas palabras, un estado prácticamente desahuciado es el que deja Roberto Borge, que bien valdría la pena compararlo con la riqueza que amasó él y mucha gente cercana.
El titular del equipo de transición del gobierno entrante, Francisco López Mena aseguró que se están estableciendo estrategias para revertir esta situación, buscando cómo reorientar la inversión, marcar la definición de un programa de austeridad para cumplir con los compromisos contraídos y que la gente no se vea afectada.
En las dependencias hay malas condiciones en las oficinas y carencia de insumos para laborar.
Grandes disparidades en la asignación de compensaciones en personas con un mismo nivel y no se sabe cuántos servidores públicos hay en el estado.
Insistió en que la administración de Carlos Joaquín realizará auditorías y actuará de acuerdo con la ley. ¡Tómala barbón!
