La población dio su veredicto en las urnas, manifestando su voto en son de castigo a una administración que reprueba. Los observadores aseguran que mucho tuvo que ver ese malestar ciudadano con el resultado del pasado 5 de junio. No se entiende, entonces, que “juicio final de la población” estaría pendiente por suceder, según palabras del senador priísta Emilio Gamboa dichas al desmarcarse del gobierno saliente. En todo caso lo simbólico es justamente eso: que tome distancia de un gobierno al que tanto consintieron.
Hasta ahora la dirigente provisional del PRI nacional, Carolina Monroy, se ha referido en tono de rechazo únicamente a las medidas que en Veracruz el gobernador César Duarte ha pretendido implantar en plan de protección al estilo del “paquete de impunidad” que se está imponiendo en Quintana Roo. De este último o de otros como Chihuahua no dice nada. ¿Será Duarte quien caerá como el chivo expiatorio?
Sin embargo, la prensa nacional progresivamente se calienta con datos de las tropelías realizadas por unos y otros al amparo del uso arbitrario del poder. Algunas de ellas de verdadero escándalo y vergüenza pública. De ser comprobadas, el Estado (me refiero al concepto global, nacional) estaría ante la imperiosa necesidad de impedir que queden impunes por la simple razón que dejarlas pasar significaría el estímulo a su repetición donde sea, con altos riesgos de que la gobernabilidad termine por perderse toda. A menos que las palabras del senador Gamboa signifiquen que por las vías institucionales no hay nada que hacer, que no van a parar hasta que la gente, harta ya de estar harta (dijera Serrat), se vuelque a tratar de hacer justicia por su propia mano.
Quienes tienen voz pública deberían pensar bien lo que dicen antes de adornarse con acrobacias verbales solo para salirse por la tangente y, en los hechos, justificar lo injustificable.
