Enrique Peña Nieto ha batallado mucho para encontrarle acomodo transexenal a un miembro de su círculo político cercano, Raúl Cervantes Andrade, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a quien antes quiso hacer ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a quien, ahora, pretende imponer al frente de la nueva figura, “autónoma”, de la Fiscalía General de la República, con lo cual se mantendría nueve años más en tan estratégico cargo (sería una especie de guardaespaldas judicial de quien hoy pugna por instalarlo en dicha fiscalía, además de una vigorosa cuña institucional instalada en el camino de una eventual presidencia de la República en manos ajenas al priismo).
El más reciente episodio oscuro de la larga marcha accidentada de Cervantes Andrade tiene un tufo mafioso, de ida o de vuelta. En un país al que quedara cierta reserva de capacidad de acción y reacción, sería un escándalo con consecuencias fuertes. Resulta que el presidente de uno de los principales partidos del país ha dicho que fue amenazado con develar escándalos sobre su riqueza familiar acumulada (lo que ya sucedió), luego de que su organización política decidió oponerse a que el próximo fiscal sea partidista (recuérdese que Cervantes Andrade fue jefe del área jurídica del comité nacional priista, luego senador y, en esa condición, un fidelísimo operador y vigilante del buen éxito del proceso de aprobación de las reformas “estratégicas” de Peña Nieto).
De ser cierta la acusación, el panista Ricardo Anaya (quien, además, aspira a ser presidente de la República) estaría confirmando que hay intereses mafiosos empecinados en hacer fiscal al mencionado Cervantes Andrade, priista sin forma de ocultarlo y miembro del subgrupo de “los primos” pinoleros, al que pertenecen Alfredo Castillo Cervantes, actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y Humberto Castillejos Cervantes, quien dejó la consejería jurídica de Los Pinos para cumplir más adelante con requisitos que le permitan ser inserto en el poder judicial federal.
Las palabras de Anaya, sin embargo, también podrían servir para algún episodio de serie netflixera sobre las mafias. La vehemencia oratoria del dirigente blanquiazul ha quedado, como otras veces, en la nada. No dice quién lo amenazó, no da pruebas de esas amenazas (no dice que haya sido una, sino “una serie” de advertencias) y todo parece quedar en el tramposo mundillo del victimismo por adelantado, ante las evidencias de señalamientos o denuncias en su contra que estarían por llegar (es la segunda vez que Anaya habla de amenazas antes de que le truene un escándalo relacionado con su aparatoso enriquecimiento, personal y familiar).
Más allá de los alegatos que cada parte haga, el fondo del asunto sí muestra ribetes de mafiosidad política. A Cervantes Andrade se le busca imponer como fiscal transexenal a través de los acostumbrados métodos de mercantilismo político, que ceden piezas a los “opositores” para que terminen votando a favor del proyecto impulsado desde la cúpula del poder federal. En esos enjuagues se han especializado los panistas y los perredistas, particularmente (y algunos de los expertos en esos andares ahora ya están, o van en camino de reconstituirse, en Morena).
Anaya debe dar explicaciones satisfactorias sobre las acusaciones que se le hacen, pues sus adversarios aseguran que su paso por la política le ha permitido hacerse de una gran riqueza económica y, ahora, se han revelado datos de la concurrente prosperidad de su familia política. En nota de El Universal, firmada por Horacio Jiménez, se asegura que “en los últimos catorce años, y de la mano” de Ricardo Anaya, la familia de éste logró y amplió un imperio inmobiliario, al pasar de una riqueza de 21.9 millones de pesos a unos 308 millones; es decir, “un crecimiento de mil 304 por ciento, solo en propiedades”.
En otro de esos pleitos en que lo más cercano a la verdad son las acusaciones que cruzan personajes en busca de responsabilizarse uno a otro de impericias, ineficacia, corrupción y cinismo, el secretario federal de comunicaciones, transportes, socavones y comisiones (SCT, SC), Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, de muy extendida fama similar a la de Ruiz Esparza, tratan de zafarse del fantasma histórico, político y administrativo del enorme hoyo que se abrió hace más de un mes en el Paso Exprés de Cuernavaca y de las dos muertes sucedidas en el lugar.
Graco incluso ha elevado el nivel jerárquico de las acusaciones, pues asegura que de los problemas estructurales de ese paso sabían tanto el secretario Ruiz EsparS.A. como su jefe, Enrique Peña Nieto. Lo único cierto es que Peña, el secretario Ruiz y el gobernador Ramírez mostraban una gran camaradería y felicidad el día en que se inauguró formalmente tal obra y que, ante la grandilocuencia de Ruiz Esparza, que luego sería abatida por la realidad, no hubo ni un solo gesto de molestia, advertencia o distanciamiento por parte del alegre Graco, quien ahora pretende denunciar, a toro pasado, lo que en su momento convalidó y aplaudió.
Astillas: La Secretaría de Relaciones Exteriores ha girado instrucciones a embajadores y cónsules para que realicen “gestiones para que edificios emblemáticos de su circunscripción sean iluminados con los colores de la bandera de México la noche de este 15”, y así “se fortalezca la difusión de esta festividad en Estados Unidos y Canadá”. Así que, ¿veremos la Casa Blanca iluminada de tres colores, o cuando menos la oficina del yerno y asesor Jared Kushner, quien es el comisionado de Trump para asuntos mexicanos?… Y, mientras Videgaray y compañía se aferran a la mesa de negociaciones del TLC que Donald Trump patea y patea, como sucedió en el escalofriante discurso de este martes en Arizona (Videocharla astillada al respecto: https://goo.gl/9ShibB ), ¡Hasta mañana!
