Siendo solamente uno de los movimientos que desde el poder se están realizando para acomodar el mayor número de piezas a favor de una elección de Estado en 2018, son demasiado indecorosas e indicativas las maniobras instruidas o avaladas desde Los Pinos para hacerse de un fiscal para delitos electorales a modo, dependiente, partidista incluso. Equivalen esas maniobras, en términos políticos, a una virtual confesión de proclividad delictiva en busca de amortiguamientos judiciales o abiertas exoneraciones.
Ya en sí, el haber botado a Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República, es toda una declaración de principios criminales: quitarlo, de la manera en que fue quitado, significa en códigos mafiosos la sublimación de las complicidades protectoras de quienes se mueven en las cañerías financieras para suministrar fondos a campañas electorales. ¡Odebrecht, oh, Odebrecht, y el 2012 rechinando de limpio!
Emilio Lozoya, uno de los buenos muchachos (o Goodfellas, o Uno de los nuestros) de la película que aspiraría a dirigir Martin Scorsese, debe estar a salvo, a título demostrativo. Para ello cuenta con la feroz defensa de Javier Coello, llamado el Fiscal de Hierro cuando fue subprocurador federal de asuntos de drogas, y con las maniobras senatoriales a cargo de la Gran Boa constrictora del Senado, don Emilio, organizador de destituciones y postulaciones, siempre mediante ofertas, a las bancadas partidistas, que estas no pueden rechazar.
Nieto Castillo fue aplastado vergonzosamente, para dar ejemplo a eventuales imitadores de mínimas insurrecciones, aunque sean cosméticas. Y el Frente Negociante contra México rápidamente mostró (y cobró) el cobre: de las enhiestas posiciones originales de rechazo a la áspera destitución del mencionado Santiago pasó a los arreglos básicos, de nuevo Acción Nacional, la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano en los aposentos tan sabidos de lo oscurito. En contra sólo se mantuvieron y mantienen los minoritarios integrantes de la bancada formalmente Del Trabajo, pero en realidad Morena, y algunos panistas (cuatro, en la votación en general; varios más en lo particular).
Por lo pronto, ayer se emitieron en forma los bonos de la fundada desconfianza electoral 2018. Fue aprobada la convocatoria para nombrar nuevo fiscal electoral, sin haber resuelto ni hecho justicia en el caso del anterior funcionario, cuyo nombre y apellidos son lo de menos, así como su “declinación” a seguir peleando, pues el Senado lo que debió haber hecho se refiere a las funciones decorosas de un poder, el legislativo, atropellado por el ejecutivo.
A la indigna desmemoria de la gran mayoría senatorial se sumó otra maniobra, igualmente delatora: que dicen los del PRI, el Verde y buena parte de los panistas, “rebeldes” o “institucionales” (anayistas), que siempre sí podrá ser fiscal para delitos electorales alguien que haya sido dirigente partidista o candidato u ocupante de algún cargo de representación a nombre de algún partido.
Es decir, un #FiscalMilitante. Digamos, por decir, así como el senador priista (con licencia) y gran amigo de Los Pinos, Raúl Cervantes Andrade, lo quería ser en la PGR cuando se convirtiera en “autónoma” Fiscalía General de la Nación. Él, Cervantes, todo un #FiscalCarnal de Enrique y demás banda (en la política mexicana, Mario Puzo sería un escritor costumbrista, como dicen que Kafka lo habría sido en la vida mexicana en general).
Retirar el “candado” requirente de no tener antecedentes partidistas como directivo, candidato o representante popular en los seis años anteriores al momento en que se designe al nuevo fiscal electoral, hace suponer a los bien enterados y mal pensados (en cuyas filas no se halla, como es evidente, este tecleador sin brújula), que Los Pinos ya tiene candidato negociado, y que las piezas de reparto de este episodio legislativo tianguero son, para una de las partes conjuradas, la mencionada fiscalía para asuntos electorales y para otra, la Fiscalía General de la Nación, el guardaespaldas transexenal que durará nueve años al servicio de quienes hoy lo designen. En las tandas hay que agregar la fiscalía anticorrupción y otros nombramientos en curso. Hay varias combinaciones gananciales posibles, para que ningún partido o élite partidista amafiada se queje de mal trato. ¡Todos (ellos) ganan! ¡Salud, que México aguanta eso y más! ¡Fraude o suerte: votaremos!
En San José, Costa Rica, cinco mujeres mexicanas, a nombre de ellas y seis más, dieron testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las agresiones en general, y particularmente de tipo sexual, que sufrieron en mayo de 2006, cuando policías federales y del Estado de México reprimieron a activistas y ciudadanos en San Salvador Atenco y Texcoco. Fueron impactantes los relatos de las violaciones sexuales, de la inexistencia de mecanismos inmediatos de protección física y jurídica a las agredidas, y de la sabida maquinaria de burocracia judicial adversa a las denuncias de mujeres violentadas, sobre todo si, además, son opositoras al gobierno.
El principal responsable histórico de aquellos episodios de salvajismo institucional es Enrique Peña Nieto, quien era gobernador del Estado de México (él mismo lo aceptó, en la Ibero, en su campaña odebrechtiana de 2012). Ayer, como ocupante de Los Pinos, encabezó una ceremonia para promulgar una ley sobre desapariciones forzadas, e hizo declaraciones muy sentidas, preocupado por tales delitos y su sostenida impunidad.
Estoico, siempre dispuesto al sacrificio, Miguel Ángel Mancera ha hecho saber que está puesto para dejar su actual puesto y buscar otro puesto. Cuasi rimador trágico, ayer declaró: “Estoy listo para todo lo que se pueda presentar, vamos a ver exactamente cuáles son los escenarios, pero estamos listos y de frente hacia el Frente o el escenario que se presente”. ¡Hasta el próximo lunes!
