Entreguismo e impopularidad
Javidú: ¿simulación judicial?
Sigue el suspenso en Coahuila
Ahora que Donald Trump ha confirmado su intención de ir a fondo en la renegociación de la parte mexicana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es necesario preguntarse si el decadente comité peñista tiene los mínimos de legitimidad política para asumirse como auténtico representante de los intereses mayoritarios de la nación o, por el contrario, la impopularidad extrema de esa administración, el talante entreguista y oportunista de los principales comisionados, con Luis Videgaray a la cabeza, y la diariamente comprobada ineficacia de ese “gobierno” constituyen un verdadero peligro para México.
Particularmente avasallador, ventajista e irrespetuoso con México, Trump tendrá como contraparte a un grupo político particularmente corrupto, voraz, debilitado y ansioso por canjear el oro nacional por espejitos electorales, específicamente por el apoyo de Estados Unidos para que continúe en el poder el bando de Peña y Videgaray o, en todo caso, alguna fórmula de avenimiento con el PAN, que les brinde impunidad, seguridad en sus negocios actuales y futuros, y la expectativa de un turnismo de siglas que en uno o dos sexenios permita el retorno del PRI a Los Pinos.
Es evidente la trascendencia de lo que se habrá de negociar y el riesgo en que el interés nacional se encuentra. Por la vía de su representante comercial, Trump ha hecho saber su intención de ahondar (es decir, acomodar a las necesidades de Estados Unidos) en los rubros laboral y ambiental y el de la lucha contra la corrupción, además de extinguir todo cuanto a juicio de Washington represente “distorsión”, “afectaciones” o “injusticias” para el interés comercial de la potencia vecina. México, obviamente, ni siquiera ha fijado sus prioridades, aunque es de suponerse que en su momento se montará una campaña mediática para simular que hay un tigre mexicano cuando, en realidad, sólo habrá una versión no futbolera de los ratones verdes.
En un esquema tan delicado, los actuales ocupantes de Los Pinos no deberían acudir en solitario a las negociaciones en privado (ni manejar clandestinamente esas negociaciones y los eventuales acuerdos), pues carecen de apoyo popular (como lo demuestra cualquier encuesta de opinión pública, con todo y lo manipulable que pueden ser), están en un abierto conflicto de interés (pues les mueve la ambición electoral inmediata, la de 2018) y, hasta ahora, su postura ha sido de un entreguismo descarado (desde la recepción a Trump, como candidato, en Los Pinos, hasta la designación de Videgaray como una especie de empleado adjunto a la Casa Blanca).
Más que “negociaciones” del gobierno en turno, el peñista, se requieren negociaciones y visión de Estado, lo cual obligaría a incorporar a todas las fuerzas políticas y electorales relevantes; entre ellas, marcadamente, Morena, cuyo precandidato presidencial es puntero en intención de voto, y el Consejo Indígena de Gobierno que ha postulado a la presidencia a Marichuy Patricio Martínez, así como organizaciones realmente representativas de campesinos, trabajadores y comunidades en riesgo por inversiones extranjeras.
El caso de Javier Duarte de Ochoa tiene ingredientes peculiares, cuyo tratamiento con descuido, o con evidencias de favoritismo por instrucciones superiores, puede afectar significativamente la de por sí maltrecha imagen de Enrique Peña Nieto.
El exgobernador de Veracruz forma parte, ciertamente, del amplio muestrario de “servidores públicos” corruptos, en particular de la cada vez más abultada sección de los gobernadores ladrones, que están siendo buscados o detenidos hasta después de que cumplieron sus dañinos periodos administrativos.
Pero, además de contar con el estigma de ser el más descollante de ese escaparate de putrefacción política (y eso que tiene competidores de gran nivel), Duarte de Ochoa tiene el antecedente de haber hecho sentir, durante largos años, que tenía una gran relación de entendimiento, amistad e incluso camaradería con el actual ocupante de Los Pinos.
El propio Duarte presumía de la manga ancha (que los hechos comprobaban) que el gobierno federal le otorgaba en Veracruz, con un Peña Nieto que, aseguraba el entonces gobernador estatal, nunca decía que no a los planteamientos provenientes de Xalapa.
En ese entorno se hablaba del cuantioso apoyo económico que Duarte de Ochoa había proporcionado a la precampaña y la campaña electoral del mexiquense, y de otro tipo de ayudas económicas.
Sería una ofensa más a los mexicanos el pretender la utilización del todavía esposo de Karime Macías (quien busca divorciarse, con la intención de dejar a salvo la mitad de los bienes conyugales) para que cante partituras antimorena o para simular un ataque de honestidad justiciera en el último tramo de una administración federal acentuadamente corrupta.
Muchos indicios hay, ya, de maniobras a favor de Duarte de Ochoa que han sido ejecutadas o autorizadas por el alto mando federal.
Ya se verá si el inicio del proceso judicial en tierras mexicanas forma parte solamente de un libreto de simulación.
El Instituto Nacional Electoral prorrogó veinticuatro horas la toma de decisiones respecto al presunto rebase de gastos de campaña en Coahuila.
En particular, el alargue en el juego de partidos se concedió para precisar lo correspondiente al pago, o no, que se habría hecho a representantes de casilla (aunque todo mundo sabe que, a estas alturas, ese pago, en efectivo y sin constancia formal, es casi institucional).
Sostener el triunfo oficial del PRI en Coahuila agrietaría la relación de Los Pinos con el PAN, que les es vital para 2018, pero fortalecería el espíritu dinosáurico, sobre todo de cara a la próxima asamblea nacional del PRI.
Anular la elección, permitiría al PRI nombrar un gobernador interino, posponer el conflicto estatal (quitando de la próxima boleta al candidato calderonista, Guillermo Anaya, al igual que al moreirista Riquelme) y darle un poco de oxígeno al asfixiado INE. ¡Hasta mañana!
