CANCÚN, Q. ROO.- Al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción le hacen falta “dientes”, señalan algunos, mientras que otros esperan que en el proceso de armonización de esta ley nacional con la estatal se combata este problema que involucra desde quien pide hasta quien otorga “mordidas”.
A mediados de este año fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado dicho sistema que entró en vigor el 18 de julio, al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
“El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia”, se precisa en el documento de 34 páginas en el Diario Oficial.
Además, estará integrado por un Comité Coordinador; un Comité de Participación Ciudadana; un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.
Y para su organización y funcionamiento será creada la Secretaría Ejecutiva, que tendrá su sede en la Ciudad de México, y su objeto es fungir como órgano de apoyo técnico al Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.
En cuanto a la armonización de dicho sistema a las leyes de Quintana Roo y de todos los demás estados, en su artículo 36 establece que deberán tener en cuenta lo siguiente:
“Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional; tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones; las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija; y deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan”.
También, “rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional”.
Minimizan sistema
A diferencia de otros años, la Auditoría Superior de la Federación podrá hacer auditorías en tiempo real, podrá fiscalizar las participaciones federales, lo que incluye la aplicación de fórmulas de distribución a las entidades, así como los mecanismos de asignación de los recursos públicos a cada una de las entidades del país.
La Auditoría Superior también deberá rendir informes trimestrales de cómo se gastan los recursos de la Federación y no cada año por medio de la Cuenta Pública.
Sin embargo, la presidenta nacional del movimiento, Volver a Empezar, Adriana González Furlong, señaló que al Sistema Nacional Anticorrupción le hacen falta “dientes” para acabar con la corrupción.
“La corrupción es cada vez mayor, la sociedad civil como actora y promotora de cambios es la que tiene la batuta de la conducción del país… La corrupción no es uno de los grandes problemas, es el problema de México”, dijo.
Planteó que aunque existan sanciones y se evidencien los casos a nivel político como social, si no hay una formación de una nueva cultura no cambiará el panorama.
“Ojalá y tenga mejores ‘dientes’ más adelante, porque ahorita la ley la veo medio ‘chimuelita’, e incluso, los medios de comunicación, en su sección de denuncia, son una parte medular para que en México acaben los casos de corrupción”, agregó González Furlong.
La ruta a seguir
Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta de la organización civil Ciudadanos por la Transparencia (Citra), y también enlace del Programa de Transparencia y Anticorrupción del gobernador electo, Carlos Joaquín González, informó que buscarán reunirse con los 25 diputados electos a fin de que la prioridad sea armonizar las leyes estatales con las federales para el combate a la corrupción.
“Esperemos que la nueva legislatura escuche el llamado ciudadano y se dé prioridad a toda la agenda anticorrupción por encima de los otros temas”, afirmó. (Virginia Próspero / QUINTANA ROO HOY)
