Según reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada la PGR podrá intervenir comunicaciones sin obligación de demostrar que la persona espiada actúa en el crimen. También podrá “realizar espionajes en tiempo real en sitios públicos utilizando cualquier medio electrónico o tecnológico a su alcance, así como dar seguimiento especial a personas e implementar operaciones encubiertas.”
La mayor discrecionalidad hace más difusa la frontera entre la acción de seguridad y la vigilancia intrusiva en política. En México ha sido un deporte oficial la acechanza espía.
En una más del ladrón que roba al ladrón, la empresa italiana Hacking Team fue irónicamente hackeada y parte importante de su información interna se hizo pública. De ahí se supo que le habían adquirido para diversas instituciones públicas mexicanas el software más intrusivo, llamado Remote Control System (RCS), con el cual se invade una computadora o un celular accediendo a toda la información como si fuera el propio usuario. Ocho de las diez dependencias que compraron el juguete de espionaje carecen de permiso legal para interceptar comunicaciones y acceder a dispositivos electrónicos. Un caso conocido de todo lo que pulula en el ambiente y ni siquiera sabemos.
Más reciente, el llamado Hacker de Latinoamérica, el colombiano Andrés Sepúlveda, reconoció haber espiado y truqueado la elección presidencial mexicana de 2012. El dato paso fugaz entre los noticieros como si fuera película que no nos incumbe.
Ahora la autoridad tiene carta libre a la intromisión en la vida privada de quien, por razón de simple sospecha o interés especial, será objeto de la visita secreta. Con justificada razón se dice que en México hay más grupos de espías de los que te imaginas.
