Hace siete años soldados descubrieron un “centro de espionaje” en Cancún, bajo el mando de un marino, Manuel Vera Salinas.
Supuestamente operaba bajo instrucciones del entonces presidente municipal de Cancún, Greg Sánchez.
Después de veinte chicanerías legaloides el señor Vera salió indemne del tema, como si hubiese estado jugando en las computadoras. No se le encarceló, no hubo castigo alguno.
La impunidad lo alcanzó hasta este sexenio, donde con la aprobación de Renato Sales, de Osorio Chong, de todos en el gobierno federal ocupa un importante puesto en la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Todo gracias a sus capacidades como “espía”.
Así, en Quintana Roo tenemos una historia de espionaje, con fines políticos, de poder, pagado con recursos públicos y revestida de impunidad.
Ejemplo que, seguramente, ha propiciado otros espionajes oficiales.
El sexenio pasado, cuando el general Bibiano Villa no era sino una bola de problemas sin solución, chivo en cristalería, ofreció sus servicios “extraoficiales” al entonces gobernador.
Y Villa, contra toda lógica, hasta contra el sentido común, se quedó en su puesto.
¿Por qué? Porque antes de retirarse había sido el responsable de las “comunicaciones” de la Sedena. Es decir, era experto en espionaje, en intervenir teléfonos, celulares, mensajes. Tenía sus propios equipos. Una camioneta entera llena de estos.
Ahí se originó el poder de Villa buena parte del sexenio pasado. Poder tan grande que consiguió quitarse a cualquier persona que se oponía a estas actuaciones fuera de la Ley. Se hizo aliado del entonces secretario de gobierno, Gabriel Mendicuti, y lo demás es historia. Todos los protagonistas de la vida social, pública, política del Estado fueron víctimas de espionaje, y la seguridad fue un caos, el inicio del horror que hemos vivido recientemente.
Todo por el espionaje. Porque Villa le vendió al poder sus habilidades en ese ámbito.
Ahora la pregunta que debemos hacernos es si, además de utilizar el equipo de Villa, el gobierno anterior compró equipo de espionaje. Y dos personas lo saben, por lo menos, uno el general Villa y otra la prima política, la señora Maritza López de Borge que fungió como subsecretaria de Seguridad Pública.
¿El general Villa entrenó a gente responsable del espionaje, además de sus colaboradores? ¿Dependían directamente del gobernador o, también, de Mendicuti?
Bastaría tal vez con que el gobernador Carlos Joaquín, o el Fiscal Miguel Ángel Pech los mandasen llamar.
¿O es que puede, todavía, existir impunidad consentida? Ya el gobernador Carlos Joaquín se pronunció en contra de estas prácticas, que conoce perfectamente porque fue víctima.
Si estos equipos existen, pagados con dinero del erario público, quién los tiene, para qué se usan, cómo se usan… Y hablo de presente, de un posible espionaje a todos los protagonistas públicos de este tiempo en Quintana Roo.
A estas alturas de la historia, nada me sorprendería…
