Miembros de los 17 sindicatos de taxistas de Quintana Roo tomaron anoche la sede del Congreso para pedir no sólo que se niegue la autorización a la competidora Uber, sino que ésta vez fueron más allá y lograron imponer en la orden del día de la sesión una iniciativa que busca judicializar la prestación del servicio de transporte de pasajeros a quienes, llanamente, no tengan una concesión del Gobierno.
De aprobarse la iniciativa, los cientos de socios de Uber y sus contratantes podrían irse despidiendo del estado, pues una cosa es pagar una multa para sacar un vehículo del corralón y otra, más de pensarse, es ir a parar a la cárcel por violar lo que sería un nuevo precepto en el Código Penal que se pretende adicionar como Delitos contra la Prestación del Servicio Público de Transporte.
Detrás de la natural defensa al patrimonio de los taxistas, que es la bandera que han enarbolado las organizaciones sindicales que se oponen a que Uber les coma el mandado, se exhibe también una bien orquestada politización para capitalizar el suculento botín electoral y de recursos económicos que representan en conjunto esas 17 agrupaciones que hasta hace poco eran bastiones del PRI y sus gobiernos.
No es difícil interpretar el trasfondo del asunto, cuando el impulsor de la iniciativa que a gritos llegaron a apoyar al Congreso cientos de socios, “martillos” y familiares, fue el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda en la XV Legislatura, cuyo hermano, Alejandro, es nada menos que el director de Transporte de Sintra, la estatal dependencia que se ha dado gusto cazando autos de Uber´s para mandarlos al corralón.
Fieles soldados del PRI por varios sexenios, al que proveyeron de votos y recursos en todos los procesos electorales, con el cambio de Gobierno los taxistas no sólo perdieron el cobijo omnipotente que les brindaban a cambio, sino que de pronto vieron amenazada su propia sobrevivencia ante la llegada de un servicio más eficiente apoyado en tecnología de punta. ¿Qué hacer entonces, si no pactar un acuerdo con los nuevos detentadores del poder?
Así, con uno de los Ramos cazando Uber´s y el otro empujando en un Congreso dominado por el PRD y el PAN una propuesta que parece será la estocada final a la polémica aplicación digital, los sindicatos de taxistas se saldrán quizá con la suya aunque a cambio, seguramente, tendrán que cambiar la deslavada camiseta tricolor por unas amarillas y azules a partir de ahora. Porque deben estar conscientes, que favor con favor se paga.
