La implementación del nuevo sistema de justicia penal, en Quintana Roo por lo menos, está en riesgo.
Como es bien sabido por la mayoría de los avesados en lides políticas la llegada de recursos federales al estado no son aplicados como se debe en algunos casos y en otros de plano no se aplican.
También se sabe que existen programas donde es indispensable que el Gobierno del Estado aporte la mitad de los recursos para la correcta ejecución de los mismos, es decir el famoso “parypaso” o el peso a peso.
Ahí es donde está el peligro para la buena aplicación del sistema de justicia penal.
Equipamiento
Desde hace unos meses el Poder Judicial del Estado está a la espera de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) aporte cerca de doce millones de pesos para continuar con el equipamiento de las salas orales que se supone ya deben de estar operando con todos los requerimientos que se estipulo a nivel federal; sin embargo ante ese retraso existe el riesgo de que el estado pierda más de treinta millones de pesos por no aportar los doce millones que pide la federación.
Esto sin lugar a dudas dejaría muy mal al estado, sobre todo porque el trabajo que ha venido realizado Fidel Villanueva Rivero al frente del órgano judicial ha sido puntual en cuanto a la implementación de nuevo sistema.
Juan Pablo Guillermo Molina titular de Sefiplan no tiene la tarea fácil, y menos cuando restan poco menos de dos meses para que finalice la administración estatal actual.
La presión financiera que vive el estado en estos momentos es enorme ya que deben de dejar cubiertos todos los compromisos, pagos a proveedores, constructores y desde luego los compromisos federales.
