Quienes tenemos el honor de servir en un organismo público de derechos humanos tenemos grandes retos relacionados con la defensa y difusión de dichos derechos. La propia naturaleza de nuestra actividad, en especial la emisión de las recomendaciones por violaciones a derechos humanos, pueden producir en ocasiones confrontaciones con quienes encabezan las instituciones a las cuales van dirigidos dichos señalamientos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las comisiones, procuradurías y defensorías de derechos humanos de las entidades federativas, se erigen como organismos vigilantes para que autoridades y servidores públicos no abusen de su cargo o bien no caigan en omisiones, en detrimento del ejercicio y goce de los derechos de las personas que habitan o transitan por nuestro país.
Pero para comprender correctamente la actuación de estos organismos es preciso aclarar que nuestra función es esa: intervenir en aquellos casos cuando las violaciones a derechos humanos recaigan en un servidor público, y no cuando son cometidas por particulares. Cuando la vulneración de algún derecho sea entre particulares estos pueden ser delitos o faltas administrativas y por tanto quien puede intervenir son las fiscalías o bien autoridades federales, estatales o municipales.
Sí, por supuesto, los servidores públicos también son en ocasiones víctimas de violaciones a sus derechos, pero en estos casos cuando los flagelos son cometidos por particulares corresponden a otras autoridades intervenir, como las ministeriales. Y no, no se trata de echarle la bolita a otra institución (como recientemente se debatió a propósito de la Recomendación 7VG/2017 de la CNDH por los hechos ocurridos en junio de 2016 en Nochixtlán), sino que cada institución u organismo tiene una serie de atribuciones conferidas por ley y que están diseñadas para corresponder de manera efectiva, respecto un acto ilegal o indebido.
En ocasiones una violación a un derecho humano se puede configurar en un delito, como sucede en los casos de Tortura cometidos por agentes públicos. En estas situaciones, por tanto, las Comisiones de Derechos Humanos como las Fiscalías pueden realizar investigaciones paralelas, solo que al final la resolución tendrá diferentes consecuencias.
De ahí la importancia que sea imperativo divulgar para conocer nuestros derechos y las instancias apropiadas que pueden ayudar a solucionar algún problema que tengamos. No caigamos en debates falsos y absurdos que conduzcan a desvalorizar las actuaciones de los defensores de derechos humanos. Conozcamos pues nuestros derechos, pero sobre todo nuestras instituciones.
