Desde la campaña electoral, el entonces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una propuesta que incluía al sureste del país; una región donde existen muchos pueblos indígenas, sin duda de los más importantes en la historia de nuestra nación y que forman parte de nuestras raíces e identidad, que desde mi perspectiva se deben cuidar y respetar.
El Tren Maya es sin duda uno de los principales proyectos del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en lo que será su administración.
Sin embargo, la falta de estudios de impacto ambiental así como la afectación que podría generar a las decenas de pueblos indígenas que están asentados desde Chiapas hasta Quintana Roo, son puntos que el actual gobierno federal todo indica ha minimizado.
Las formas en que se ha impuesto este proyecto, bajo una consulta ciudadana que no estuvo apegada a los lineamientos que debe tener, así como la aparición de presuntos inversionistas que incluirían a autoridades de las cinco entidades federativas que integran la ruta del proyecto ferroviario, son factores que empiezan hacer ruido y desconfianza para gran parte de la población. No solamente de los que vivimos en el sureste mexicano, sino en todo el país.
Algunos grupos étnicos de la región y ejidatarios han amenazado con detener el proyecto, están dispuestos a bloquear carreteras para evitar que se aterrice el ambicioso proyecto del gobierno federal.
Entre los pueblos indígenas que se ubican dentro de los cinco estados que forman parte de la ruta están, por citar sólo un ejemplo de los muchos qué hay en dichas entidades, los choles en Chiapas, en Tabasco, tierra por cierto de AMLO, están los chontales, mientras tanto en Campeche se localizan los jacaltenos, y para finalizar tanto en Yucatán como en Quintana Roo predominan los mayas.
A pesar de la famosa consulta ciudadana que hizo el gobierno , miles de indígenas de la región no conocen a detalle el proyecto del tren que amenaza con descarrilar el ecosistema y los derechos de los pueblos naturales.
Pese a ello, considero que López Obrador debería instruir a quien corresponda, llámese Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, o cualquiera de los cinco gobernadores de los estados, donde se encuentra nuestro mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a brindar pormenores del emblemático proyecto a la gente de las comunidades rurales que no saben ni un ápice del asunto ya que tienen el derecho de decidir sobre el mismo. Su patrimonio cultural está en juego.
Todo indica que al presidente y su equipo de trabajo se les pasó identificar con claridad el marco normativo aplicable de los pueblos indígenas sobre el territorio, sea o no ejidal, el concepto agrario, las normas de las industrias o infraestructuras a construir y los derechos de vía existentes y faltantes, y claro está, su disponibilidad.
Otro tema que también se ha ignorado es la evaluación de impacto social y ambiental, el marco de asociaciones público privadas, licitaciones y de competencia económica.
Se trata de un proyecto que carece del consentimiento de los pueblos indígenas directamente afectados, porque no se les ha consultado. Y sin embargo, ya se tomó el parecer a los ciudadanos de 538 municipios, pero no a los grupos étnicos bajo las reglas y protocolos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ambos ratificados por nuestro país.
La consulta indígena no es un trámite ni un formalismo, es un mecanismo para saber si una vez conocidos los alcances del proyecto, las comunidades consienten o no su realización y en qué términos y condiciones.
Una posible muestra de que se esté rectificando este punto es lo que se realizará este domingo 16 de diciembre, donde el gobierno de México y los gobiernos de los estados por los que correrá el sistema ferroviario, llevarán a cabo el “Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre Tierra para Anuencia del Tren Maya”.
A pesar de ello, el proyecto carece de estudios de viabilidad financiera, comercial y de riesgos. Y si bien el nuevo gobierno dijo que respetará los derechos de los pueblos originarios y el cuidado de los recursos naturales, si no se hacen cambios en la forma de operar estos proyectos mediante un mecanismo de supervisión y vigilancia, los viejos vicios con los que se implementan en México los mega proyectos, seguirán prevaleciendo y tendremos un nuevo conflicto social.
Si el tramo selvático del tren es de 426 kilómetros, ¿cómo es que el proyecto no tocará “ni un solo arbolito” como lo prometió el presidente López Obrador?
La pérdida de selvas está relacionada con los negocios de producción de aceite vegetal industrializado derivado de la palma de aceite y los monocultivos de soya y caña de azúcar, además de otras actividades de agricultura mecanizada, y la producción de millones de toneladas de carne de cerdo para consumo nacional y para exportación.
También las plantaciones forestales privadas para la producción de celulosa forman parte de este esquema.
No resultaría aventurado decir que entre los principales impulsores del tren se encuentren grandes inversionistas e industriales del aceite de palma, la soya, y las plantaciones forestales comerciales, que en el pasado fueron socios de uno de los principales asesores y actual jefe de la Oficina de la presidencia de la República y ex dueño de extensas plantaciones forestales comerciales y empresas de semillas transgénicas en esa zona, Alfonso Romo Garza.
