El lance, por sí mismo, debería ser inscrito en el rubro del “surrealismo involuntario”, como fue calificado el estilo grotesco, desfachatado y fallido del director de origen español, Juan Orol (Juan Rogelio García García, su nombre real: 1897-1988), especializado en México en películas de gánsters, rumberas y melodramas: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), compendio histórico de las peores formas de corrupción desde el poder público, ha anunciado desde la cámara de diputados su disposición a crear una comisión especial que investigue las acusaciones “ciudadanas” de enriquecimiento inexplicable, y otras pillerías, presuntamente cometidas por el presidente de uno de los principales partidos políticos, el de Acción Nacional.
En lo que va de este sexenio, el priismo gobernante ha batido marcas en cuanto a acusaciones de corrupción al más alto nivel, con las secretarías de comunicaciones y transportes, de desarrollo social y de desarrollo agrario, territorial y urbano, así como Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República, entre las dependencias más involucradas en escándalos. Además, el priismo tiene una alta cantidad de exgobernadores en la cárcel o sujetos a procesos penales, y aún así se permite la trágica broma de proponer indagaciones respecto a un adversario político ciertamente impugnable, Ricardo Anaya Cortés, con el explícito ánimo faccioso de beneficiar a su carta divisoria del voto opositor en 2018, la “independiente” Margarita Zavala y su gerente de campaña, Felipe Calderón Hinojosa.
La suciedad puesta frente al ventilador de San Lázaro a todos alcanza: desde luego, es importante precisar los términos del enriquecimiento personal y familiar del marrullero dirigente blanquiazul, Anaya Cortés, pero los propios panistas, al anunciar en esa cámara de diputados que están dispuestos a impulsar esa peculiar comisión “especial” (pues dicen que no hay miedo a que se investigue a Anaya, pues “nada debe y nada teme”), han exigido que también se investiguen los hechos de corrupción atribuidos al dirigente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, dueño, entre otras cosas, de una flotilla de autos de servicio de alquiler y, desde luego, que se reabran las indagaciones respecto a la emblemática Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, adquirida por Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, mediante una supuesta operación financiera, excesivamente ventajosa, con uno de los contratistas favoritos del sexenio (la operación, según eso, luego fue deshecha).
La acometida contra Anaya Cortés (a quien en esta columna ni remotamente se busca exculpar) muestra con absoluto descaro el posicionamiento de Los Pinos en favor de la candidatura “independiente” de Margarita Zavala, quien ha desatado una guerra política abierta contra quien dirige el que fue su partido. Anaya Cortés ha entablado incluso una demanda judicial contra un diario editado en la Ciudad de México al que acusa de difundir de manera destacada y sistemática las supuestas pruebas de corrupción en su contra. Anaya ha asegurado incluso que para ilustrar notas en su contra se han utilizado fotografías de su familia que solamente pudieron haber sido suministradas por el gobierno federal.
Mucho bien le haría a la sociedad mexicana el que fuera desnudado políticamente y castigado judicialmente todo aquel político y funcionario que cometiera actos de corrupción y se enriqueciera de manera inexplicable. El propio Anaya ha dado muestras de un estilo de vida oneroso, con su familia residiendo en Estados Unidos (aunque ya está de regreso en México), y se han publicado referencias de negocios y propiedades en Querétaro que embonan presuntivamente con las prácticas tan comunes, en todos los gobiernos, del uso de información privilegiada y el tráfico de influencias.
Pero resulta sumamente peligroso que el aparato del gobierno federal, con el PRI como su extensión vociferante y ofensiva, además de la coordinación de los diputados federales, emprendan una “cruzada” justiciera que pretende favorecer a uno de los grupos en pugna.
Hasta ahora, el PRI y el PAN habían caminado de la mano, en un proyecto de bipartidismo inducido que entregó 7 de 12 gubernaturas a Acción Nacional en 2015. Pero esos arreglos entraron en crisis a partir de que Ricardo Anaya, en busca de posicionamiento presidencial para 2018, declaró “guerra política” a Los Pinos, con los comicios del Estado de México y Coahuila como hechos de presunta traición del gobierno federal a su hasta entonces aliado tan contento. El siguiente paso, en ese distanciamiento que no debe analizarse con criterios simplistas, se ha dado con la salida del PAN de Margarita Zavala y el encono potenciado del grupo que “se queda” en Acción Nacional para torpedear al mencionado Anaya.
La visita de Justin Trudeau tiene un amargo sabor a derrota. El primer ministro de Canadá viene de reunirse con Donald Trump, quien ha rebajado totalmente las posibilidades de continuidad del Tratado de Libre Comercio. El rubio multimillonario se está entendiendo con el socio deseado, Canadá y, en cambio, da una patada en el trasero al socio indeseado, México.
El vicepresidente Luis Videgaray, y su equipo, han ido avanzando en posicionamientos de “dignidad” que los hechos muestran como meros ejercicios de simulación. Lista la delegación mexicana para levantarse de la mesa de negociaciones cuando ésta le sea retirada de manera estrepitosa por la contraparte caprichuda y abusiva con sede en la Casa Blanca de Washington. En México, los secretarios de hacienda y de economía ensayan buena cara ante los desastres previsibles.
Y, mientras los diputados federales han aprobado, por unanimidad, la ley relativa a la desaparición forzada de personas, lo cual significa un avance en un largo proceso en busca de mayor castigo para causantes y cómplices de ese delito tan practicado de 2006 a la fecha, aunque ahora faltará, como siempre sucede en México, que la buena letra legal tenga una buena aplicación en la práctica, ¡hasta el próximo lunes!
