Finalmente ocurrió lo que se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Plan B
de la Reforma Electoral, el ministro Javier Laynez Potisek en su resolución tiro la iniciativa presidencial para reformar leyes secundarias en materia electoral. El asunto no tuvo una discusión de fondo, no era necesario ante la aplastante mayoría de 9 ministros alineados a la presidenta Norma Piña. Es un asunto de costumbre en las últimas resoluciones; liberar delincuentes, liberar cuentas congeladas por el gobierno federal de familiares de procesados, permitir acceso
a resoluciones –fundadas en la ley- que afectan la justicia vista esta desde un punto
de vista social, es decir de
un enfoque que sea para el beneficio ciudadano. Eso sí que no, y si provienen del
jefe del Ejecutivo Lic. Andrés Manuel López Obrador, con mayor razón, las iniciativas se rechazan sin discusión.
La presidencia y mayoría de los ministros de la SCJN están alineados con sus benefactores, es decir desde quien los propuso para
llegar a esa posición como
de los múltiples nexos que mantienen con un mundo en extinción, si con un México en extinción; me refiero al país que sus voceros dicen que AMLO destrozó lo cual es cierto ese país de la gran desigualdad, donde los pobres no existían o si los había era mejor esperar a su extinción, política social simplemente no existía.
Esta mayoría de ministros de la SCJN no representan ni al pueblo (concepto que
no existe en sus mentes)
ni a los intereses de grupos mayoritarios, el único valor de referencia para ellos es el valor económico, el sostenimiento de una élite de privilegios
y privilegiados; así pueden defender a delincuentes procesados y sus familiares como Genaro García Luna, por citar un ejemplo.
El presidente López Obrador tiene en sus facultades modificar la corte; al presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano, el 1 de enero de 1995 cerró por un mes la SCJN y por medio de la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a sus 26 ministros, todo sucedió en un mes; Zedillo firmó la iniciativa y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, proceso que tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995). En aquellos días no se escucharon expresiones de corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por
el estilo. El argumento
formal fue: es una respuesta
a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados
por los expresidentes
Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Los medios de comunicación eran parte de la oligarquía, estaban bien comprados.
La reforma redujo de 26 a
11 en número de ministros
de la SCJN; creó el consejo
de la Judicatura,; incorporó recursos como la controversia constitucional y acciones
de inconstitucionalidad, jubilación inmediata de los 26 ministros y estableció el límite de 15 años para ocupar el cargo de ministro que antes era vitalicio.
