¿Qué ha orillado al Congreso de Quintana Roo a aprobar, entre otros temas, a un nuevo Auditor Superior, magistrados supernumerarios y a un nuevo Fiscal General? ¿Por qué tuvieron que convocar a un período extraordinario para hacer estas reformas a la Constitución estatal y leyes secundarias, justo cuando está por finalizar la legislatura? ¿Por qué no dejar al nuevo gobierno y la siguiente legislatura las negociaciones para los nombramientos?
La razón de fondo es política y obedece a que el Gobernador saliente pretende irse protegido.
Si bien el Congreso está facultado –no hay que pasar por alto esto último- para aprobar las reformas e incluso para nombrar a un nuevo Auditor Superior, no menos cierto es que los legisladores han dado muestra muy clara de su nula independencia del Poder Ejecutivo. Ya no decir de los Ayuntamientos, que en sesiones fast track, aprobaron las modificaciones constitucionales para la creación de la Fiscalía General (a excepción de Cozumel y Othón P. Blanco) y hacer evidente su carente autonomía.
Habrá que esperar, entonces, a que el Congreso estatal sesione nuevamente y discuta los temas pendientes.
El malestar social no se justifica cuando hay de por medio la violencia, pero tampoco se justifica la premeditación y alevosía del Congreso por querer aprobar importantes reformas en un tiempo muy corto.
Deben saber que la alternancia trajo consigo una mayor vigilancia de la opinión pública hacia el trabajo de los servidores públicos de elección. Y de ella vendrán todavía más cambios, pero dependerá mucho de los actores políticos que ocuparán el poder en los próximos 6 años.
