Dos episodios vividos ayer aguijonearon la susceptibilidad y la desconfianza sociales tan extendidas: El centro de acopio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue “tomado” por un grupo de personas que, al tenor de un “acuerdo de asamblea”, asumió el control de las donaciones recibidas; en Los Pinos, Enrique Peña Nieto informó que los diversos rubros de la reconstrucción nacional requieren un gasto de más de 37 mil millones de pesos, los cuales podrían ser ejercidos a través de una mesa de coordinación en la que tendría un peso determinante el sector empresarial, sin visos, al menos ayer, de integrar a una auténtica y crítica representación de la sociedad civil que ha cargado hasta ahora, de manera ejemplar, con el peso de la verdadera solidaridad.
Lo sucedido en Ciudad Universitaria es solamente un botón de muestra de lo que está sucediendo en todas las áreas damnificadas. La vigorosa respuesta social a las solicitudes de apoyo ha estado bajo pugnas por su control, administración y entrega final. Políticos manipuladores, como el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y su esposa, Elena Cepeda, desde el DIF estatal, han recibido un generalizado rechazo. En la UNAM, quienes decidieron “tomar” el control del centro de acopio hablaron de presuntas desviaciones de ese material hacia grupos políticos que dominan la élite directiva de esa universidad.
La ceremonia, al estilo tradicional, realizada en Los Pinos para hablar de los “Avances para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos”, también abonó a la desconfianza. Peña Nieto colocó en el centro de su lectura (https://goo.gl/8BrJwm ) los esfuerzos de su gobierno y de los estatales involucrados, de las fuerzas armadas y de los empresarios, con referencias oratorias en segundo término a la sociedad civil y con una significativa ausencia de formas reales de representación del amplio y fuerte movimiento social que está supliendo las insuficiencias de algunos de los factores gubernamentales y empresariales absolutamente sobrerrepresentados en la reunión de ayer, en una sesión de trabajo que en el fondo es el marco preparatorio de un reparto de contratos y concesiones para la “reconstrucción”.
Los discursos oficiales de esta reunión estuvieron repletos de referencias a la iniciativa privada y a los empresarios, sin que hubiera ni siquiera alguna participación de los entes y personajes que de manera profesional han dicho representar a la sociedad civil, siempre estas “representaciones” en consonancia con los intereses de los gobernantes. Hablaron Peña Nieto y varios miembros de su gabinete, además del jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Y, ¿fuera de ese ámbito gubernamental? Pues, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Alejandro Ramírez Magaña (principal accionista de Cinépolis), presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Y, ¿la sociedad civil, los ciudadanos ajenos a las cúpulas? Bueno, ellos, en la talacha, en las calles, aportando y trabajando, mientras en Los Pinos se afinaba la “coordinación” entre el gobierno federal y la “Fuerza México”, formada por la élite empresarial, lista para participar en el gran negocio de la reconstrucción y la solidaridad (léanse, a mitad del discurso de Castañón, los nombres de los organismos empresariales y sus representantes, que forman el comité técnico de “Fuerza México”: https://goo.gl/vtskxY ).
Ayer mismo, la Fundación Conciencia y Dignidad, que preside Marcelo Fabián Monges, dio a conocer una propuesta para regular y vigilar las donaciones recibidas a partir de los sismos del presente mes, bajo la evidencia de que no hay ningún mecanismo que otorgue una mínima confianza respecto a las cantidades exactas que se reciben y el destino final que se da a esos recursos.
Además, grandes firmas empresariales, bancos, tiendas de servicio y otras instancias privadas ofrecen dar cantidades determinadas en proporción a las que la gente done, sin que se tenga ninguna seguridad de que así sea e, incluso, sirviendo esas contribuciones particulares para que esas empresas se adornen reportando como propias tales recaudaciones y consiguiendo exenciones de impuestos (la propuesta completa, en https://goo.gl/313HQN ).
De la mano de su jefe, Miguel Ángel Osorio Chong, ha regresado Enrique Ceballos Galindo al escenario político-administrativo, como parte del equipo de la secretaría de Gobernación que coordinará las tareas de reconstrucción en Morelos.
En agosto de 2016, a Ceballos Galindo lo cesaron como Comisionado General de la Policía Federal, “por instrucciones del residente de la República”, según el boletín informativo del caso, para “facilitar que las autoridades lleven a cabo una investigación ágil y transparente, de cara a la ciudadanía”, respecto a la violencia desatada por ese cuerpo policiaco contra pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, con saldo de ocho civiles muertos.
No se conoce de ninguna “investigación ágil y transparente” y, desde luego, nada se ha procesado “de cara a la ciudadanía”. Tampoco se ha informado de algún castigo para quienes hayan sido responsables jerárquicos de la ejecución de 22 personas en Tanhuato, Michoacán, también con la Policía Federal como acusada. Por lo pronto, apelando a la desmemoria histórica del pueblo mexicano, y con la abierta protección de Gobernación, el exjefe policiaco ha sido encargado de tareas de reconstrucción en Jojutla y Zacatepec, que son dos de los municipios morelenses más dañados por el pasado sismo.
Al mismo tiempo, Galindo se promueve en San Luis Potosí como aspirante a una candidatura priista al Senado de la República (antes, fue aspirante a la postulación a gobernador del estado), con lo cual obtendría fuero por seis años.
Y, mientras el vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, ha desatado una “guerra santa” contra la diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, quien insiste en impulsar una reforma legislativa para que se despenalice el aborto hasta las doce primeras semanas de gestación, ¡hasta mañana!
