Con las últimas noticias sobre el aseguramiento de propiedades en el estado de Quintana Roo, hecho que ha sido calificado como “apenas la punta del iceberg” y que representa un desfalco estimado en 5 mil millones de pesos, los hechos de impunidad en México evidencian la descomposición de la administración pública, un Estado al garete y se confirma la permeabilidad de la administración hacia la delincuencia organizada.
Sólo de esa manera se pueden explicar hechos recurrentes como los desfalcos a los erarios públicos en estados como Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y desde luego, Quintana Roo. En números, sólo de la suma de los desfalcos que se han reconocido en Veracruz (35 mil millones), Oaxaca (4 mil 399 millones), Chihuahua (56 mil millones) y por supuesto, Quintana Roo (5 mil millones de pesos), la suma es de 100 mil 399 millones de pesos, 5 mil 019 millones de dólares.
La deuda pública del estado representa 22 mil millones de pesos; la administración anterior la creció en 101.6 por ciento, tan sólo en cinco años, aún así, la suma de los fraudes reconocidos en estos 4 estados, representan cinco veces el monto de nuestra deuda pública.
Por ello, una primer pregunta se hace inevitable: ¿cuál será el destino del dinero que representan estas 25 propiedades recuperadas? Tan sólo estos 5 mil millones, los que exhiben apenas “la punta del iceberg”, representan el 25 por ciento de la deuda pública estatal.
Un análisis de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hecho en 2015 evidenció que la deuda de este estado representa el 280 por ciento de sus participaciones federales, esto es, las correspondientes al Ramo 28, esto es así porque los bancos con los cuales se contratan los préstamos, consideran el embargo de esas participaciones para el pago por servicio de deuda. Si seguimos con la costumbre de “renegociar”, contratando nueva deuda que adquiera los compromisos anteriores y disponga nuevos compromisos con base en las participaciones del ramo 28, en breve habremos embargado al estado indefinidamente.
Es por ello que ahora más que nunca, resulta fundamental que la administración pública ponga nombre y apellido a los responsables de haber defraudado a los habitantes del estado. Este estado de cosas: los asesinatos, la violencia generalizada, la falta de obras públicas, el deplorable estado de nuestra infraestructura básica, se debe precisamente a la impunidad con la que han operado las anteriores administraciones. Si sólo vamos a señalar mediáticamente que se investiga y que se comprueban los robos, los actos delictivos, el robo descarado y vamos a dejar impune a sus responsables, pues de nada habrá servido la escenificación.
