En México existe el derecho a la libre competencia, a excepción de contados sectores, cuya explotación es considerada estratégica para la nación, como puede ser el petróleo en manos de Pemex y la electricidad en la CFE, ambos operados por el gobierno federal.
Pero hay otro más, un monopolio que es cuidado con uñas y dientes: El servicio de taxis en Cancún, operado éste por el Sindicato “Andrés Quintana Roo”, bajo el auspicio de la Sintra.
Es tal el poder de este sindicato que dicen que el actual gobernador, Carlos Joaquín, no quiere nada que tenga que ver con su antecesor, Roberto Borge, y cualquier cosa que tenga un ligero tufo borgista, ordena liquidarlo, todo, excepto la Ley que decreta el uso exclusivo de taxis para el sindicato antes mencionado. Esa norma de Beto quedó intacta y vaya que se hace valer.
Y es que no es para menos. Las acciones que han tomado los rottweilers de Sintra en contra los conductores de Uber, es una caja chica para el gobierno: En sólo seis meses se ha embolsado 100 millones de pesos por la cacería a los socios de esa empresa, cantidad libre de polvo y paja, y sin necesidad de dar cuentas a nadie.
De poco han servido las 22 denuncias penales y 3 denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo interpuestas por los propios socios conductores contra la violencia de Sintra, pues no ha prosperado un solo caso.
Es tan grave la situación que Uber asegura que Cancún es la ciudad en México donde más violencia y decomisos ha enfrentado.
Y al gobierno no le importa que la ciudadanía tenga preferencia por Uber, ni que repruebe el servicio de los taxistas por contar con unidades viejas, sin aire acondicionado, sin seguridad, ni privacidad (al subir a más pasajeros), etcétera.
