Con la incautación ejercida por la PGR de 25 inmuebles presuntamente vendidos por la anterior administración estatal a amigos, parientes y prestanombres de Roberto Borge, hoy queda claro que el futuro del ex mandatario de Quintana Roo está en manos del gobierno federal, concretamente del Presidente de la República, y no del gobernador Carlos Joaquín.
Y es que desde que el candidato del PRD-PAN a la gubernatura advirtió que enviaría a la cárcel a Borge por el desfalco a las arcas estatales, se antojó ésta como una declaración precipitada, aventurada e incluso que pretendía saltarse las trancas.
Está claro que la detención y el encarcelamiento de un hombre tan importante como puede ser un ex gobernador, escandaliza a la opinión pública y cimbra la política en general.
Por eso, este tipo de acciones en México son decisión exclusiva del Presidente en turno, para que éste resuelva si es conveniente o no, y para determinar el momento de ejercer acción penal.
El gobernador o quien sea, pueden decir misa, pueden presentar equis número de denuncias, incluso con pruebas, pero si el Presidente de la República no considera conveniente la detención o decide postergarla para un “mejor momento”, esa será la última palabra.
La PGR ya incautó los bienes y no por ello se ha girado una orden de aprehensión en contra de Borge, quien, cierto es, debería poner sus barbas a remojar, tras la persecución al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Incluso hay voces que afirman que si en realidad el veracruzano está desaparecido, Borge Angulo pudiera ser el Plan B en el gobierno de Peña Nieto. Lo cierto es que sea melón o sea sandía, alguno de los dos estará tras las rejas antes de las elecciones de 2018.
Al tiempo.
