Existen muchas cosas que conservo frescas en la memoria respecto de los compromisos que ha hecho el Ayuntamiento de Solidaridad y, sencillamente no cumple. Pero abordemos sólo uno, el que hizo el tesorero Asunción Ramírez Castillo sobre quitar los módulos de Ultramar y Barcos México de la Quinta Avenida, simplemente porque violentan el reglamento de comercio en vía pública.
Previo a analizarlo, quiero despejar una duda; claro, con esta política de ostracismo que caracteriza a la actual administración, difícilmente obtendré una respuesta, aun así, se la dejo amable lector para su razonamiento: ¿de qué clase, monto, compromiso, filia, relación interpersonal, en fin, cuál es el interés que mueve al Ayuntamiento de Solidaridad o a quienes conforman la comuna, que les obliga a tolerar violaciones a leyes y reglamentos en favor de empresas como Ultramar, Barcos México, Bepensa, entre otros?
Desde la perspectiva de quien tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los reglamentos, leyes y demás ordenamientos relativos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe haber una motivación realmente importante para asumir todas las consecuencias que representa la complicidad por comisión u omisión de las leyes, como es el caso.
En el caso de estas complicidades, organizadas e instrumentadas con premeditación, alevosía y ventaja, la ley de responsabilidad de los servidores públicos es muy clara y llana, es decir, lo mismo sanciona a quien vende a precios ínfimos el patrimonio del estado que a quien se pasa por el “Arco del Triunfo” a las legislaciones en materia de comercio y autoriza a un par de empresas para que, como comerciantes ambulantes coloquen sus módulos y hasta se roben la energía eléctrica del alumbrado público.
