Aventurado sin duda resulta el exhorto hecho por el Congreso del Estado para que la PGR y la Fiscalía pidan a las autoridades migratorias y de la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir una alerta migratoria contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo para que no pueda salir del país, así como congelar sus cuentas bancarias y sus bienes en general.
Y decimos que resulta aventurada la postura de la mayoría de los diputados porque apenas fue presentada la denuncia contra el ex mandatario por la presunta venta ilegal de extensos predios de la entidad a precios irrisorios.
Esto quiere decir que, de acuerdo al estado de derecho, a un acusado no se le puede impedir su libertad ni congelar sus recursos, cuando no existe una orden de aprehensión en su contra y mucho menos una sentencia.
Nadie en el estado se atrevería a dudar que el ex gobernador vendió esas hectáreas y que además de ello cometió muchísimos más excesos, abusos, delitos, y por el contrario, todos –o la inmensa mayoría- exigen que se haga justicia.
Sin embargo, todo lleva un orden, un trámite para que se aplique la ley como es debido, y más ahora que existen términos y/o argucias legales que permiten recuperar la libertad de un preso, como lo es precisamente el “debido proceso”.
De ahí que los diputados del PVEM y del PRI votaron en contra y señalaron que ese exhorto no es más que un circo, que se trata de un acto mediático, como muchos que se han dado a últimas fechas, sobre el mismo tema.
Cierto es que mientras son peras o son manzanas, Borge Angulo tendrá tiempo para desaparecer, para salir del país y, en caso de resultar culpable, ser un prófugo más de la justicia como sus homólogos Javier Duarte y Tomás Yarrington. Pero así es la justicia.
