Errores e impericias sembradas
Negligencia de PGR y Hacienda
Coahuila, fantasmas, SNA
Fue muy afectuosa la bienvenida oficial a Javier “N”. Llevaba unas horas de haber llegado a tierra mexicana y ya tenía las primeras muestras de gratitud de sus amigos con poder: la Procuraduría Federal de Justicia, a cargo de otro conjurado del peñismo, Raúl Cervantes Andrade, envió a la primera audiencia judicial a un trío de abogados que ni siquiera sabían bien a bien de qué estaban acusando al engallado Javidú (para justificado beneplácito de él y de su quinteto de carísimos defensores), a tal grado que el juez a cargo del caso amonestó a los presuntos representantes de la sociedad por su incapacidad e imprecisión.
La Secretaría de Hacienda, a cargo del precandidato presidencial priista (pero “independiente”), José Antonio Meade Kuribreña, colaboró de manera entusiasta (aunque, para ser más precisos, de manera abstinente) a que el mencionado Javier “N” se sintiera realmente en casa, bien atendido y bien servido.
A tan trascendente y delicada audiencia judicial, el precandidato Meade se permitió no enviar a ningún representante de la temible (en otros procesos) Unidad de Inteligencia Financiera, de tal manera que no se pudo dejar constancia técnica, ante el juez, de los detalles específicos de las acusaciones contra el amigo Javidú.
El fiero e implacable titular de esa unidad (donde se concentran los secretos y claves de los movimientos financieros importantes), es un viejo conocido del mundillo del sospechosismo: Alberto Bazbaz Sacal, el abogado mexiquense que fue procurador de justicia siempre recordado por su rol estelar en el caso de la niña Paulette, encontrada muerta, de forma absolutamente inverosímil, en un resquicio de su colchón.
La temporada de rebajas benefició inmediatamente al precitado “N” (del que no se debe decir que se llama Javier Duarte de Ochoa), pues sólo pudo dejarse asentado, en esa primera diligencia judicial, un presunto desvío de recursos públicos por menos del 9 por ciento de lo que originalmente se había establecido.
Es decir, sólo se pudieron acreditar acusaciones por 38.5 millones de pesos, de los 438 millones inicialmente considerados.
Tampoco hubo precisión respecto a otros movimientos financieros e inmobiliarios (en su cuenta tuitera, @arturoangel20 publicó detalles de lo sucedido, y en https://goo.gl/ursF4r , reportes de los cuales esta columna ha tomado referencias).
Respecto al caso Duarte, aquí se ha hablado con insistencia y anticipación respecto al previsible uso de mecanismos de siembra de errores e impericia, por parte de acusadores gubernamentales, para propiciar la posterior liberación, e incluso, declaración de inocencia de presuntos delincuentes.
Es un método recurrente en asuntos de alto nivel del crimen organizado: pifias de procedimiento, equivocaciones sustanciales, enredos de cifras, datos y nombres; constancias, peritajes y diligencias con fechas, nombres o cargos de autoridades citados de forma errónea, y las muy famosas violaciones al debido proceso.
Lo sucedido este lunes constituye, por desgracia, una primera confirmación de que el gobierno federal no tiene ninguna intención firme de que haya justicia en cuanto al ex gobernador de Veracruz.
Sólo una voluntad de máximo mando pudo dar instrucciones para que la PGR y Hacienda se abstuvieran de presentar un frente ministerial y hacendario que fuera suficientemente experto, vigoroso y preparado para enfrentar al ex mandatario y su equipo de defensores, encabezado por quien a su vez ha sido abogado de la también muy enriquecida Elba Esther Gordillo.
Cierto es que en el curso del proceso judicial podría enderezarse o subsanarse una porción de los errores originales, pero sembrar estos desde el principio, de manera escandalosa y abierta, ayuda a los abogados defensores de Javier “N” y fortalece las fundadas especulaciones respecto a protección de los amigos con poder, para uno de los suyos.
En el circo Javidú lo mismo se suspenden órdenes de aprehensión, como sucedió ayer en dos casos, que aparecerán “nuevas” acusaciones que ya no se tomarán en cuenta (pues sólo se le juzgará a JDdeO por los delitos específicos consignados en su pedido de extradición).
Por lo pronto, se extiende la percepción de que el expediente contra Javier “N” está siendo acomodado para que el amigo dure el menor tiempo posible en prisión (unos cuantos años), tenga las mayores comodidades (pronto se declarará enfermo y le asignarán una habitación especial en el siguiente reclusorio), disfrute de una fortuna levemente afectada (algo tendrá que ceder) y su familia siga intocada, en especial la esposa que sigue en viaje transcontinental. ¡Bienvenido, amigo Javidú!
A propósito, el caricaturista Alarcón sugirió, en Twitter, que ahora se mencione como Javier “HDSPM” a tal ex gobernador, dado que por restricciones de orden judicial se ha ordenado no usar el apellido Duarte de Ochoa mientras no haya una sentencia condenatoria.
Este tecleador no entiende el significado de tan mayúsculas iniciales propuestas, así que se limita a reproducir la iniciativa.
Sigue la telenovela coahuilense: en el Instituto Nacional Electoral se considera que el priista Riquelme rebasó los topes de gastos de campaña en 7.86% y el panista Anaya en 4.56%.
De confirmarse tales cifras, se anularían las elecciones, pero con una consecuencia dañina para el moreirismo, pues Riquelme no podría volver a competir, mientras Anaya lo podría hacer, al no rebasar el 5% de irregularidades. Faltaría, desde luego, la palabra final que daría el tribunal electoral federal.
Y, mientras un fantasma recorre México, el fantasma de los socavones, las carreteras mal construidas, las muertes que pudieron impedirse y los negocios impunes de autoridades y constructores, ¡hasta mañana, con el tal Sistema Nacional Anticorrupción ya con temprana constancia impráctica, revuelo en estructuras sistémicas de burocracia y élites, mientras sube la intensidad de la corrupción gubernamental conforme se acerca el fin de la fiesta pinolera, el Año de Hidalgo que esta vez ha sido de sexenio completo!
