La principal encomienda de todo diputado siempre será la de representar y anteponer los intereses de la sociedad, y en caso de no hacerlo, estará faltando a su promesa que le dio el poder que hoy ostenta.
Y en el caso del diputado Emiliano Ramos del PRD, que pretende criminalizar la presencia de Uber en Cancún, permite confirmar que el legislador hace oídos sordos a la petición de la enorme mayoría de los usuarios del taxi como medio de transporte en su vida cotidiana.
El hecho es que el diputado Ramos pretende erradicar el problema –o enfrentamiento- de los taxis y transportes “pirata” (como él erróneamente llamó), y por ello propuso considerar dicha actividad como delito, con sanciones que van desde los 2 a 5 años de prisión y de 30 a 150 días de multa.
En días pasados, el Pleno del Congreso del Estado dio entrada a esta iniciativa para sancionar a quienes prestan el servicio de transporte público sin contar con las concesiones, permisos y/o autorizaciones correspondientes, expedidas por la autorización competente.
La propuesta consiste en adicionar al Código Penal del Estado de Quintana Roo, en la Sección Cuarta, el Capítulo Penal del Estado de Quintana Roo, en la Sección Cuarta, el Capítulo VI Bis, del Título Primero, con la denominación Delitos contra la Prestación del Servicio Público de Transporte, así como el Artículo 204-Ter.
Sin duda que Emiliano se voló la barda, además de no cumplir con sus funciones primordiales que es llevar la voz de la sociedad ante la máxima tribuna del estado, pero sobre todo habría que recordarle que el primero que intentó crear un sindicato de taxistas “chafa” fue precisamente su Papá, Salvador.
