El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González declaró que está de acuerdo en hacer públicos los montos, nombres de proveedores y conceptos en los convenios de publicidad oficial que su gobierno firme con los medios de comunicación.
“No será información clasificada ni reservada”, le comentó a la periodista Adriana Varillas. Y señaló que, además, “restringirá los alcances de esos contratos”.
Los convenios de propaganda gubernamental tienen la finalidad de difundir y acercarles a los ciudadanos información útil y relevante sobre el desempeño público. Sin embargo, a través de esos convenios y tratos, también millonarios, se ejerció el control total de los medios, no sólo en sus espacios de opinión sino también informativos.
Como resultado hubo excesos. Además de la adulación sin mesura hacia el gobernante, los medios se implicaron en campañas de desprestigio, excesivamente denigrantes, hacia los críticos del gobierno -empresarios, mujeres, periodistas y cualquier ciudadano que se atreviera a cuestionar o, tan sólo, a intervenir en las decisiones que deberían ser públicas-.
Por tanto la ciudadanía –que incluye a los periodistas- debe tener acceso a la información sobre el monto, razón y destino del dinero que el gobierno eroga en los convenios para la promoción de sus programas y acciones, sobre todo cuando Quintana Roo se ha convertido en la segunda entidad más endeudada del país.
El control de los medios de comunicación favoreció, en este período, la corrupción, opacidad y desvío de recursos. Sin libertad de expresión, y con la prensa atacando a los críticos, cualquier gobierno autoritario puede hacer lo que le plazca.
