CANCÚN.- Empresarios de diversos giros decidieron acabar con el silencio y denunciar públicamente la forma en que, funcionarios públicos de la delegación estatal de la FGR, extorsionan, planean, involucran, gestionan colusión con autoriodades relacionadas y finalmente, despojan, hallanan y roban abiertamente a través de órdenes de cateo basadas en presunciones sin fundamento.
“¿Dónde está el dinero?”, se convirtió en el “grito de guerra” de policías ministeriales federales y Agentes del Ministerio Público Federal (fiscales) de la FGR en Cancún, quienes encontraron en las órdenes de cateo, un mecanismo de extorsión, robo y saqueos millonarios a propiedades y negocios de empresarios cancunenses de manera ilícita y al amparo del poder público.
Bajo el mando del ex delegado, Javier Ocampo García y la subdelegada Bertha Cordero Reyes, cesados por corrupción hace unos días, la delegación de la FGR Quintana Roo se convirtió en un “cártel de extorsiones” y persecución a empresarios locales.
En esta red de corrupción, acusaron empresarios, los fiscales se convirtieron en el brazo operativo de esta organización, quienes fabrican los expedientes para solicitar las órdenes de cateo y proceder a saquear valores y dinero a negocios, empresarios y residencias previamente ubicadas.
En el “modus operandi”, según consta en las denuncias, cuya copia obra en poder de Quintana Roo Hoy, los fiscales recurrieron incluso a policías ministeriales federales inactivos para catear sus propiedades, dando lugar a un caso de presumible delincuencia organizada desde el interior de la propia fiscalía.
Al menos cinco empresarios cancunenses y sus abogados han interpuesto sendas denuncias en las que han quedado asentados todos los hechos de corrupción, robo, saqueo, persecución amenazas y daños que les han causado los servidores públicos que han operado como mafia, lista en la que sobresalen los nombres de los agente del MPF o fiscales, Cesar Eduardo Cervantes Saavedra y Enrique Pérez García, quienes han solicitado los cateos y son los responsables de las diligencias y atropellos cometidos.
SAQUEOS POR CATEOS
Copias fieles de las denuncias interpuestas por empresarios en meses recientes ante la Visitaduría General de la República, órgano de control interno de la FGR, así como ante la Fiscalía Federal Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública Federal y Comisión Nacional de Derechos Humanos, revelan a detalle los mecanismos de corrupción, abuso de poder y extorsiones de que han sido objeto durante los últimos dos años.
Los agraviados exponen en su denuncia, acoso, intimidaciones, tortura, rapiña, siembra de armas y otras arbitrariedades, como la fabricación de expedientes plagados de información falsa para obtener órdenes de cateo de parte de un juez para allanar sus propiedades.
Las múltiples denuncias, resaltan que en dichos cateos se ha recurrido el uso de la violencia policiaca y violado los derechos humanos, la intimidad de sus familias y su seguridad jurídica, dado que los policías se han conducidos con excesos, abuso de autoridad, agresiones físicas, insultos, gritos, amenazas de muerte y de violaciones a sus familias sino cooperan, creando episodios de pánico.
En la mayoría de los casos, en los cateos o diligencias judiciales, los policías ministeriales y fiscales responsables no han presentado la orden de cateo a los ocupantes de los domicilios, ya sean negocios, oficinas o casas particulares.
Estos cateos u operativos se han realizado en horas de la madruga, convirtiendo sus diligencia policiacas en un asalto, ya que a pesar de que las ordenes de cateos son explicitas y autorizadas únicamente para buscar armas, drogas o algún delito en flagrancia, según sea el caso, los policías ministeriales y fiscales al mando han arrasado con todo, llevándose de negocios y propiedades cajas fuertes, joyas, relojes finos, obras de arte, dinero en efectivo, estatuillas, computadoras, teléfonos celulares, pantallas de televisores, maquinaria pesada, vehículos, mobiliario, perros, caballos y otros animales.
Los cateos judiciales los han convertido en saqueos, y según un recuento inicial el “robo” a estos cinco empresarios superan los 50 millones de pesos en dinero en efectivo y en especie, razón por la que también ya existe una denuncia penal para que se investigue el paradero de todas estas propiedades y se devuelva lo hurtado, sobre todo a los empresarios que ya ganaron en audiencias pública sus respectivos casos y en los que el juez ha ordenado la devolución de las propiedades aseguradas y de los bienes que se hayan tomado de dichas negocios o propiedades.
Aunque ya fueron cesados en días pasados, el delegado de la FGR en Quintana Roo Javier Ocampo García y la subdelegada Bertha Cordero, los agraviados acusan directamente a los fiscales de cada caso como actores intelectuales y materiales del robo todos los hechos ilegales denunciados, por lo que han solicitado que la limpia en la FGR vaya más a fondo.
