Es una realidad innegable que muchas mujeres se enfrentan diariamente con episodios de violencia física en sus hogares, el lugar que debería ser el más seguro para ellas. Y peor aún, en ocasiones este tipo de agresiones son de tal magnitud que se ven en la disyuntiva, injustamente, de optar por defenderse o dejarse morir. Una decisión que nadie debería de atravesar.
En México un poco menos de la mitad de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja y dentro de este universo, 14 de cada cien mujeres fueron golpeadas, amarradas, pateadas, tratadas de asfixiar y agredidas con armas (ENDIREH, 2011).
Doña Reyna encarna a una de esas frías estadísticas de mujeres que padecieron violencia y pone en perspectiva la situación de violencia institucional y estructural; tanto en lo público como en lo privado. Una mujer, cuyos derechos fueron violentados sistemáticamente: a tener una vida libre de violencia en su hogar, durante su detención y durante su juicio.
El caso de doña Reyna llegó incluso a la prensa internacional y por ello no me detendré en los detalles. Lo que sí me gustaría destacar en cambio es la importancia del trabajo coordinado de entes públicos y privados para alzar la voz a favor de los derechos de las mujeres.
Gracias a la sociedad civil, la prensa e instituciones nacionales y locales, se logró en Quintana Roo incidir para que los jueces juzguen con perspectiva de género. La reflexión que deriva de esta cuestión es que necesitamos jueces que observen y apliquen los protocolos, como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta materia. De considerar todos los elementos de violencia, de evitar estereotipos y prejuicios para así emitir resoluciones equilibradas.
Y ojo, esto no se trata de dejar impunes los delitos como el homicidio. En todo caso se trata de resoluciones acordes con la situación. Ni tampoco que ese protocolo únicamente busque favorecer exclusivamente a las mujeres, sino también a las personas transgénero, homosexuales e incluso los mismos hombres (un ejemplo práctico son las batallas judiciales por la custodia de hijos para que sean considerados con iguales derechos al de las mujeres para obtenerlo).
Sin duda, este ha sido un precedente histórico para nuestro estado. Una sociedad activa, organizada e informada cobra un papel muy importante para incidir en la protección de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad.
