Uno de los principales defectos en los que incurrieron y que les han generado una serie de problemas a gobernadores como los Duarte (Chihuahua y Veracruz) y a Roberto Borge, es que no se dieron cuenta -o no quisieron darse cuenta- que los tiempos han cambiado y que la forma de gobernar municipios, estados o el país, ya no son los de antes.
Y no lo son porque ahora se les exige la rendición de cuentas, porque ya no se permite el autoritarismo y porque ya no son tan intocables como antes.
Prueba de ello es que ahora, cuando estos tres mandatarios pretenden blindarse y dejar su mandato con la impunidad “garantizada”, la sociedad, los legisladores federales y hasta su propio partido, el PRI, se vuelcan en su contra:
El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, advirtió que si estos mandatarios han faltado a la ley deberán pagar las consecuencias.
“No va a haber impunidad. Si alguien hizo alguna travesura o utilizó recursos públicos que le pertenecen al Estado tienen que cumplir puntual y cabalmente lo que les exige la ley”, sostuvo.
El secretario técnico del PRI, Joaquín Hendricks, consideró que su partido debe revisar las decisiones de los gobernadores salientes: “No es ésta una manera de satanizar a nadie, pero tenemos que hacernos responsables de lo que son nuestras atribuciones y, sobre todo, de escuchar a la ciudadanía”.
Javier Duarte, de Veracruz propuso un paquete legislativo para mantener su influencia en la Fiscalía Anticorrupción, en la Sala Especializada y en el Instituto de Transparencia.
En Chihuahua se creó una Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular sería nombrado por César Duarte. Y en Quintana Roo, Borge creó una Fiscalía de Justicia y designó al titular de la Auditoría por siete años.
