El fenómeno de la denuncia a través de las plataformas digitales, o denuncia 2.0, ha permeado en la sociedad mexicana, convirtiéndose en una herramienta para exigir a gobernantes, autoridades y servidores públicos, la resolución de aquella cuestión que les afecte, incluidas las víctimas del delito; y, en la percepción, existe una gran posibilidad para que dichas denuncias sean atendidas y resueltas por las autoridades competentes, ante la presión social.
De acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 72% de las personas encuestadas apoya que se grabe video y exhiba en internet a las autoridades que abusen de su poder; para el 88.3% las autoridades deben atender las solicitudes que los ciudadanos realizan vía redes sociales o internet.
Por el lado contrario diversos, estudios como el Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (COLMEX-INE, 2014) señalan como dato preocupante que, en los casos de las víctimas de delitos, el 61% de éstos no lo denuncian; el 63% manifestó que la razón para no denunciar es porque no sirve de nada, y más de la mitad por falta de confianza en la autoridad. Mientras que los ciudadanos que sí acudieron al Ministerio Público a denunciar el delito, el 54% consideró que no sirvió de nada.
Lo anterior nos da elementos para poder entender cómo es que la cultura de la queja y denuncias es mayor en redes sociales, que ante las instancias competentes. Ya que la presión social que se genera a través de la primera, activa sorprendentemente, el poder de las instituciones para “solucionar” los casos, lo que no ocurre con lo segundo pues esporádicamente trascienden en la esfera pública, al no ser tan abiertos o visibles. El problema estriba en que, especialmente sobre las víctimas de delitos y abusos de poder, sin la denuncia correspondiente la autoridad carecerá de elementos suficientes para su justiciabilidad, generando casos endebles en beneficio del victimario y perjuicio del agraviado.
Por ello, aunque es cierto que las redes sociales han empoderado a la ciudadanía, no se debe de escatimar en los esfuerzos para fortalecer la cultura de la denuncia ante las instituciones. De lo contrario, difícilmente podríamos eliminar la impunidad, que incide en la falta de legitimidad de quienes encabezan las instituciones, así como en la debilidad del Estado de Derecho. Así, la reflexión sería no dejarnos llevar por las bondades del mundo virtual. Es necesario que la participación ciudadana en sus diversas facetas, incluida la cultura de la denuncia, sea palpable y se perciba en las relaciones entre las personas y en el orden social. Por tanto no solo exijamos en redes, actuemos en consecuencia y denunciemos ante quien sea pertinente.
