Como se ve, las posibilidades de actuar en contra de los funcionarios deshonestos son reales. Los delitos y las penas existen. Si bien es cierto que el Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo la Ley #3de3, tiene sus bondades, antes que insistir en reformar las leyes -que hay que hacerlo, por supuesto-, conviene concentrarnos en exigir su aplicación.
Pareciera resultar inminente la detención del ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, y Eliezer Manuel Villanueva Lanz, ex funcionario de esa dependencia; Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Planeación (Sintra), así como del ex priista y ahora verde Israel Hernández Radilla hasta hoy, probable responsable de una larga lista de irregularidades constitutivas de ilícitos durante la administración de Roberto Borge Angulo, lo cierto es que apenas constituye una bocanada de oxígeno puro para el gobierno de Carlos Joaquín González.
Es una decisión de Estado que la corrupción se combata con efectividad. De poco servirá ampliar la gama e incrementar la severidad de las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios, si las leyes -actuales o por expedirse- se asumen como letra muerta, como hasta la fecha ha sucedido.
De continuarse con esta tendencia, el Sistema Nacional Anticorrupción será un pretexto discursivo más de la clase gobernante que es la mayormente favorecida con la impunidad que a sus anchas campea en nuestro país.
