EL SISTEMA POLÍTICO mexicano, en esta ocasión el representado en el Congreso de la Unión por esa onerosa horda de 500 diputados federales y 128 senadores, en su mayoría inútiles y corruptos pero que en conjunto nos cuestan más de 2 mil millones de pesos al año –tan sólo en sueldos y prestaciones– a todos los mexicanos, están llevando demasiado lejos la irresponsable dilación de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, urgentísimo reclamo generalizado de una sociedad harta de ver cómo el país se hunde en materia de crecimiento y desarrollo, mientras que pandillas enteras de gobernantes y colaboradores se enriquecen brutalmente. La población ha venido exigiendo desde el año pasado a los legisladores federales sacar adelante las leyes que permitan la creación y puesta en marcha del SNA, pero estos parecen empeñados en darnos atole con el dedo mientras mantienen un sistema de privilegios e impunidad a favor únicamente de los políticos y de sus partidos.
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AYER LOS DIPUTADOS y senadores, que en indigno contraste con los altísimos índices de pobreza nacionales cobran cada uno al año $2.8 millones de pesos los primeros y $3.2 millones los segundos, convocaron a un “periodo extraordinario” de sesiones para avalar las reformas que permitirán echar a andar la aclamada Ley Anticorrupción, con lo cual no sólo aplazaron convenientemente hasta después de las elecciones el que es sin duda un tema incómodo para muchos, sino que también violaron flagrantemente el plazo constitucional que tenían hasta el 28 de mayo para hacerlo. Pero como a final de cuentas ellos son los que hacen, modifican y aprueban las leyes, parece que dan por entendido que eso mismo les otorga poderes para pisotear las ya existentes.
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EN CONSECUENCIA, EL sector patronal de México, conformado por los hombres del dinero ganado con esfuerzo, inversiones y visión de negocios, no en base a una descarada oportunidad para crear fabulosas fortunas sexenales al amparo del poder, lanzó ayer mismo un ultimátum al Congreso federal: O aprueban el SNA en los plazos acordados, o acudirán a instancias internacionales y organismos aliados a denunciar la “inmovilidad irresponsable” de los caradura legisladores mexicanos, a los que acusan de solapar con su tardanza los crecientes niveles de impunidad y escándalos en que están todos los días involucrados, desde el presidente del país, hasta gobernadores, alcaldes, diputados, secretarios y funcionarios de medio pelo, en una interminable cadena de privilegios y complicidades.
