La alternancia en el poder, entendido esto como el cambio pacífico de estafeta para administrar el poder público, de manera que los funcionarios públicos y los representantes populares de uno y otro partido político ocupen los cargos de elección popular, es un fenómeno reciente en México y una señal inequívoca de la madurez política del ciudadano.
Esta alternancia tendría que responder, en los hechos, a nuevas formas de administrar, al anhelo de contar con una función pública libre de corrupción, el fin de la gestión clientelar, de los beneficios selectivos y demás vicios que durante casi 80 años institucionalizó un solo partido en el poder, Pero, la infección ya estaba propagada a todo el sistema político mexicano y a contrapeso de la politización ciudadana surgieron: los partidos satélites, las sucursales, los que dividen “el voto de castigo”; amén de cambiar la definición esencial de los partidos para convertirlos en propiedad privada y desproveerlos de sus características fundamentales como entidades de interés público con ideología y plataforma propia.
Entonces, lejos de tener una alternancia administrativa, lo que tenemos es una pantomima, una charada, un escenario distinto, con la misma comedia en escena; claro, existen excepciones y aún éstas, no llegan a hacer los cambios requeridos a fondo como demandan a gritos los ciudadanos. Y entonces, ¿qué tenemos?
Hasta las piedras se pintan del color del partido político, se improvisan “patrullas verdes”; los palacios municipales se tiñen del color institucional del instituto político… ¿y los resultados?, y lo más importante, ¿cuánto nos cuesta a los ciudadanos las ocurrencias de quien toma la estafeta?
Como si se tratara de un feudo, en lugar de banderas, el empleado de los ciudadanos “marca su territorio”, pero en lugar de feromonas, aplica pintura acrílica, mientras que el o los municipios padecen problemas graves de inseguridad, falta de servicios públicos, transporte público deficiente e insuficiente, tráfico de influencias, violencia administrativa, violencia generalizada…
De todo este marasmo, que por supuesto no sólo se presenta en Benito Juárez a pasado en Cozumel, Isla Mujeres y en la mayoría de los municipios de nuestro Estado, pero sí es el más extremo y representativo, surgen preguntas que sería muy sano plantear al presidente municipal, sí al funcionario a quien se le paga con dinero de los ciudadanos, dos cuestiones fundamentales.
