Jazmín Ramos
CANCÚN Q.Roo.
Por realizar el desmonte ilegal de flora protegida en uno de los predios que conforman el proyecto Cancún Tajamar, la Dirección Municipal de Ecología instaló sellos de clausura e inmovilizó la maquinaria que utilizó la compañía contratada por los dueños del predio, los cuales fueron identificados como del Grupo Orozco.
Luego de que ambientalistas del movimiento Salvemos Manglar Tajamar, denunciaron que los empresarios “dieron madruguete¨ al reiniciar los trabajos donde se contempla desarrollar 25 proyectos inmobiliarios, áreas comerciales y hoteles a pesar de que sobre el proyecto pesan 200 expedientes por irregularidades ambientales, al lugar arribaron efectivos de la Gendarmería, quienes dieron la orden de suspender las obras.
Sara Rincón Gallardo, integrante de las acciones de defensa, informó que los inversionistas violentando el procedimiento legal que existe contra el proyecto que incluso contempla varios amparos, iniciaron trabajos de desmonte e ignoraron la suspensión que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que fue ilegal reiniciar las obras.
Mencionó que, los inversionistas aprovechando que ese predio no se encontraba vigilado, entraron a las primeras horas del lunes con maquinaria pesada arrasando con las especies protegidas, por lo que de inmediato se convocó a la sociedad civil para exigir a los inversionistas respecten el procedimiento jurídico que pesa sobre el predio.
Por su parte, Katherine Ender Córdova, del grupo Guardianes del Mangle Cancún, mencionó que independientemente de que los dueños del predio cuenten con los permisos de cambio de uso de suelo, violentaron la ley, pues hasta el momento el juez no ha emitido ninguna resolución sobre los 200 expedientes que existen contra el proyecto.
Además al existir un litigio legal sobre el proyecto por las violaciones sistemáticas a las normas ambientales, quedan suspendidos los trabajos en todos los predios que conforman el proyecto.
Por su parte la ambientalista Araceli Domínguez Rodríguez, refirió que los inversionistas pretendieron desmontar el predio basados en el hecho de que el juez desestimó el amparo que interpusieron 113 menores contra al proyecto.
